Mariella Balbi
Perù21, 8 de noviembre de 2017
Hace poco, en Argentina, el presidente Kuczynski tuvo el desacierto de manifestar ante la comunidad iberoamericana que en el Perú, el país que representa, nuestro país, no se respetaba el debido proceso. Indicaba con ello que Ollanta Humala y Nadine Heredia son víctimas del mal manejo del sistema judicial. Podríamos inferir sin esfuerzo que tal opinión implica que son víctimas de animadversiones políticas. Hasta el más ingenuo sabe que favor con favor se paga y que la impertinente defensa de la ex pareja presidencial responde a ello. Podría interesarse el mandatario por otros casos, como el del ex gobernador regional de Áncash que lleva más de tres años con prisión preventiva.
Nuestro país anda judicializado. Las instituciones judiciales terminan siendo la casa del jabonero y estas, a su vez, inevitablemente, aspiran y son influenciadas por el momento político. Probablemente fue errado que el congresista fujimorista Daniel Salaverry presentara una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por “grave omisión funcional contra la corrupción”. Una Fiscalía fisurada cerró filas para defender a Sánchez, quien argumentó: “Acá no vamos a tener miedo”.
Erró también el fiscal de la Nación, porque no se trata de tener o no miedo. A todas luces, la ciudadanía observa que la Fiscalía no da cuenta de sus acciones al país, no transparenta como se dice, y ello genera sospechas.
Cuando las procuradoras (que luego fueron echadas) exigían información, no eran atendidas. Hay personas que no son ni siquiera investigadas, cuando hay elementos consistentes. El caso Madre Mía recibe cada vez más testimonios de que el “capitán Carlos” era Ollanta Humala, pero la investigación fiscal se lentifica innecesariamente. La peregrina idea de investigar por organización criminal al fujimorismo y al Apra resulta desconcertante. Más elementos hay para aplicar la figura a Odebrecht, que tenía incluso un departamento de coimas. La gente, que no es tontona, percibe que las movidas judiciales son severas con unos e intolerantes con otros.
La prestidigitación para reabrir el caso de El Frontón es otro de los temas que tienen dividido al país. Tres votos interpretaron un dictamen anterior y vuelven a ser juzgados los marinos que enfrentaron a Sendero Luminoso. Es chocante que junto con los abogados prosenderistas esté un letrado que se presenta como defensor de los derechos humanos. Los senderistas de El Frontón tenían armas y dinamita, ¿cómo llamar a ello masacre?
Si hemos llegado a ese punto, pronto habrá un ‘matagente’ jurídico y estaremos más divididos que los Montesco y los Capuleto, rivales por el poder. El que pierde, sin duda, es el país, que cada vez retrocede más institucionalmente. La ley vale poco y quienes la representan tienen escasa credibilidad.
