Mariella Balbi
Perú21, 20 de diciembre de 2017
Este jueves conoceremos el desenlace de la crisis de gobernabilidad que padecemos, una de las más fuertes de nuestra historia democrática. El presidente declaró que desconocía el vínculo laboral de su empresa unipersonal, Westfield Capital, con Odebrecht mientras era ministro de Alejandro Toledo. Sin embargo, admitió que esos trabajos generaron dividendos para su bolsillo. Resulta difícil creer que todo un banquero de inversión estuviera en el éter respecto a lo que ocurría en su empresa. PPK no presentó documentos que demuestren su desvinculación de Westfield. Solo su palabra. Bien difícil defenderlo.
El presidente está solo, con contratos llenos de “zonas grises”, como dijo un ministro. Su defensa política apunta a responsabilizar de todo al fujimorismo, imputándoles que buscan apoderarse de la presidencia. Sus defensores han creado un abusivo y malvado protagonista a quien se endilga la desgracia del Perú. La lucha no es contra la corrupción, es para impedir que Keiko Fujimori sea presidenta ahora, cosa imposible porque hay un orden constitucional establecido.
Ya el Ejecutivo se equivocó el primer año con la estrategia de bombardear a Fuerza Popular. Se soslaya que la moción de vacancia la presentó el Frente Amplio y la decidió la mayoría del Parlamento, esa institución que nos representa a todos, guste o no. Lo elegimos con nuestros votos en la primera vuelta. Congresistas de izquierda, sin partido ni firmas y los pepekausas petardean lo acordado en el Pleno. Afirman que no se sigue el debido proceso. Pero este y sus plazos están detallados en la Constitución.
El desequilibrio que vivimos ha hecho aflorar un pensamiento ‘fascistoide’ que pide virulentamente el cierre del Congreso, alucinando que así les cerrarán el camino a sus enemigos íntimos: los fujimoristas. La estrategia gubernamental propaga que se está produciendo un golpe de Estado, cuando no hay violación de la Constitución. Nos refriega también que todos, la china, el zambo, el cholo, son corruptos. Lo letal para la democracia es que nuevamente el Ejecutivo llama al miedo y al odio.
La situación es en extremo onerosa para el Perú. Todos queremos un presidente, estabilidad y desarrollo. El mandatario erró con su silencio y con su irrespeto de la ética pública. Su lógica es la de un hombre de negocios. Si la vacancia no obtiene los 87 votos requeridos, la imagen del presidente estará chamusqueada y no tendrá credibilidad. Amén que si aparece un nuevo papel, la crisis del Perú será eterna. Si el presidente no puede rebatir su evidente vinculación con Odebrecht siendo ministro de Estado, estará en la cornisa de la vacancia. Pero este desenlace infartante solo lo deciden los votos del Congreso, esa institución que elegimos todos.
