Por: Marianne Fay
El Comercio, 6 de noviembre de 2021
Una minería moderna que mejore la calidad de vida de las comunidades locales, contribuya al desarrollo económico y social del país, y reduzca su impacto sobre el ambiente es posible y necesaria. Actualmente, el Perú mantiene una cartera de 48 nuevos proyectos mineros, equivalentes a más de US$50 mil millones de posible inversión. Esta potencial inversión representa una gran oportunidad, pero generar las condiciones necesarias para concretarla es el gran desafío. Lograrlo pasa por fortalecer el marco de gestión minera vigente y su implementación, que hoy se encuentra centrada principalmente en atraer mayor inversión.
El 90% de los proyectos de esa cartera de posibles inversiones nuevas se concentra en áreas donde antes no han existido minas; de ellos, el 60% serían minas a tajo abierto. Además, el 80% de esos proyectos tardarían al menos siete años en entrar en producción. Las demoras en la gestión de los instrumentos técnicos, ambientales y sociales podrían alargar el plazo en el que estas inversiones llegarían a las etapas de construcción y producción. Concretar exitosamente esta cartera de nuevos proyectos exige crear condiciones para una mayor legitimidad social de estas inversiones y una mayor eficiencia en la gestión social y ambiental por parte de las empresas y el Estado.
El Banco Mundial preparó un diagnóstico exhaustivo del sector minero para contribuir con este esfuerzo y sugerir una agenda de mejoras en las políticas públicas que otorguen propósito y dirección para una mejor minería para beneficio del país, las comunidades y el medio ambiente. El informe identificó que el problema central de la industria minera en el Perú es la pérdida de sostenibilidad y competitividad debido a la baja aceptación social de las principales inversiones y a la falta de previsibilidad en la aprobación de instrumentos técnicos, ambientales y sociales.
La inversión en exploración minera ha disminuido de manera constante desde un máximo de US$900 millones en el 2012 a US$350 millones en el 2019, antes de la pandemia. Este hecho alerta sobre el desafío de gestionar la sostenibilidad de la inversión minera. Como resultado del conflicto social, varios proyectos mineros se han pospuesto en los últimos años por una inversión total de US$12 mil millones, equivalente al 6% del PIB. Además, en los últimos cinco años, el país ha ido perdiendo competitividad como destino privilegiado de la actividad minera, principalmente por la disminución de la competitividad regulatoria y la falta de políticas que propongan soluciones y orienten la contribución de la industria minera hacia el desarrollo de las regiones del Perú.
Responder a estos desafíos amerita una política pública minera, concertada, nacional y de largo plazo que trascienda las administraciones de gobierno. La agenda de mejoras que propone el Banco Mundial apunta a armonizar la sostenibilidad con la competitividad, con el objetivo de impulsar el desarrollo nacional sostenible y, especialmente, el desarrollo territorial efectivo en regiones mineras. Se trata de mejoras para fortalecer el marco de gestión minera, centrándola en tres dimensiones de igual importancia: (1) desarrollo territorial (inversión que genere mayor impacto en el desarrollo sostenible de las regiones mineras), (2) sostenibilidad (inversión con altos estándares ambientales y sociales, utilizando menos agua y energía, generando menos residuos y reduciendo emisiones) y (3) competitividad (inversión suficiente que desarrolle el potencial geológico del Perú y que los proyectos mineros se traduzcan en operaciones socialmente aceptadas).
En las últimas dos décadas, el Perú pasó de ser un importante productor de oro a ser, además, el segundo productor mundial de cobre, logrando incrementar su producción de cobre en dos millones de toneladas métricas. Sin embargo, en el Banco Mundial hemos aprendido que la ejecución de grandes inversiones mineras sin el acompañamiento de una política integral de desarrollo territorial no necesariamente transforma las regiones ni genera las condiciones de bienestar y prosperidad, más allá de la duración de las minas.
Hoy, en un contexto de creciente demanda internacional, el país tiene el potencial de lograr un aumento similar en el volumen de producción de minerales para el 2040. Concretar una política nacional minera que sirva de herramienta para fortalecer a los reguladores, orientar el desarrollo de la industria minera, promover la colaboración público-privada, facilitar una eficiente coordinación interministerial y entre niveles de gobierno será clave para impulsar la actividad y tornarla en una fuerza propulsora del desarrollo de las regiones de donde se extraen los minerales.
En las regiones donde opera, la minería debe no solo poner en valor los recursos del subsuelo, sino que puede contribuir significativamente a poner en valor el vasto potencial de sus otros recursos naturales y humanos. Para ello, requiere del concurso del Estado, por medio de una política pública multisectorial minera, que resulte en más y mejor minería para el desarrollo sostenible de las regiones del Perú.
