Por: María Isabel León, Presidenta de Confiep
Gestión, 30 de diciembre de 2020
La izquierda radical peruana no ha perdido ninguna oportunidad para intentar capitalizar el descontento de la población, producto de los largos años de corrupción e inseguridad que vivimos, para tratar de vender la idea de que solo una “nueva” Constitución nos salvará de todos los males que aquejan a nuestra sociedad.
El Perú ha tenido, en total, 12 Constituciones a lo largo de su historia. La primera, de 1823, fue cambiada 7 veces en siglo XIX y 4 veces en el siglo XX.
La penúltima Constitución, de 1979, redactada en la postrimería de la nefasta dictadura militar de Velasco Alvarado, nos rigió 14 años, durante los gobiernos de Fernando Belaunde Terry, Alan García Pérez y en el inicio del primer gobierno de Alberto Fujimori.
Los cambios entre la Constitución de 1979 y la de 1993 no fueron muchos, pero fueron muy significativos.
Se estableció, entre otros, el rol subsidiario del Estado en la economía y se impulsó la libertad de la iniciativa privada, permitiendo así las bases para la libertad de emprendimiento, industria y empresa, que ha generado que una de cada tres familias en el Perú tenga en su seno a un emprendedor o empresario, gozando de la libertad de llevar adelante sus proyectos de servicios o productos a favor de los ciudadanos, reduciendo grandemente la pobreza y construyendo una creciente clase media, aspirante, propietaria de su propio patrimonio y futuro.
Esta Constitución de 1993 fue redactada por un Congreso Constituyente y fue aprobada en un referéndum sometido a votación popular y supervisado por la comunidad internacional, tras el autogolpe y la disolución del Congreso en 1992.
Pero ¿qué es y para qué sirve una Constitución? La Constitución es el documento legal más importante que marca las bases del orden jurídico nacional y que garantiza libertades, derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, además de establecer la estructura política del país.
Desde su aprobación, en 1993, el texto de nuestra última Constitución ha sido sometido al menos a 39 cambios en diversos artículos y disposiciones transitorias, adecuándola a las necesidades del país.
Una Constitución no es responsable de los actos de corrupción, ni tampoco responsable de la inercia o poca eficacia del Estado o de algunos gobernantes.
Tenemos, a lo largo de los últimos años, procesados y sentenciados a expresidentes, a un sinnúmero de alcaldes y gobernadores regionales, líderes políticos que no dieron la talla para administrar los recursos públicos generados por los contribuyentes y puestos a disposición para redistribución y generación de bienestar y desarrollo nacional y seguir reduciendo la pobreza, como también, a empresarios y emprendedores corruptos que no supieron hacer las cosas con corrección y participaron también de actividades criminales.
Entonces, toda esa perorata que pretende señalar que los abusos de autoridad, las fechorías de los políticos corruptos, la ineficacia de un Estado atado por la sobrerregulación y la burocracia corrupta que no le permite ejecutar de manera eficiente, honesta o completa los presupuestos públicos, comprar oxígeno o implementar hospitales públicos y colegios de calidad, generar acceso a Internet y muchos otros reclamos de la población, no requiere de un cambio de Constitución.
Requiere de un profundo cambio interno, un cambio individual, que nos permita elegir correctamente a aquellas personas que puedan representarnos en el Estado, redistribuir la riqueza que seamos capaces de generar, reducir la pobreza, aplicar la justicia con prontitud y equilibrio, sin vendettas ideológicas e imponer el orden y el principio de legalidad para todos por igual.
No aceptemos el engaño. Los problemas de corrupción, de inseguridad nacional, de mejores servicios de salud, educación y acceso a una mejor economía, no se resuelven cambiando la Constitución, se resuelven trabajando arduamente para gestionar eficientemente los recursos logrados, recuperando valores, sensibilidad y garantizando, de manera irrestricta, el principio de legalidad, justicia y transparencia para todos.
El país necesita de personas dispuestas a hacer cumplir lo que ya está escrito en la Constitución, a garantizar plenamente nuestras libertades, derechos y democracia, y no necesitamos, ciertamente, a personas dispuestas a reescribir nuestra historia con sesgos ideológicos, con guiones ya vividos en nuestro país y en otros lugares del mundo y que causaron gran pobreza y retraso, poniendo sus intereses y los intereses de grupos externos por encima de los intereses del Perú.
Recordemos que muchos políticos que hoy invitan a este cambio innecesario ya tuvieron acceso al poder, y no hicieron entonces nada por erradicar la corrupción, más bien fueron —en muchos casos— parte de ella.
