Comentario de Lampadia
Se sigue legislando y pretendiendo nuevas normativas que van contra la educación del futuro. El Ministerio de Educación, la Comisión de Educación del Congreso y la SUNEDU se apartan de la realidad global, pretenden desconocer la participación del sector privado en educación y recurren a absurdas regimentaciones y prohibiciones como la que explica María Isabel León en el siguiente artículo.
María Isabel León, Presidenta de Asiste Perú
El Comercio, 26 de noviembre de 2015
Recientemente, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen de lo que sería la nueva ley de institutos y escuelas de educación superior. En general, se trata de un proyecto positivo que cumple con el propósito de unificar y consolidar el nivel de educación superior, repotenciar y revalorar los institutos superiores y, además, rectificar y corregir saludablemente la sobrerregulación que por años asfixió el trabajo y crecimiento de la educación técnica en el país.
Lo curioso es que, con inusitada terquedad, nuestros congresistas propongan la autoexclusión del Perú de la modernidad y el desarrollo de las tecnologías –que por cierto avanzan a paso agigantado en el mundo–, prohibiendo inexplicablemente la educación a distancia para la obtención de grados o títulos. Con ello no se tiene en consideración que es justamente la tecnología la mejor aliada para distribuir conocimientos y lograr un mejor desarrollo personal y profesional. Si no, miremos lo que hace el Instituto Tecnológico de Monterrey en México, que tiene miles de estudiantes bajo este moderno sistema de educación. O lo que hacen grandes instituciones estadounidenses, como el MIT, la Universidad de Yale, Harvard y otras casas de estudio de gran prestigio.
Que se prohíba la educación a distancia porque hay algunas entidades que estafan a los estudiantes es inadmisible. Sería como prohibir la circulación de buses interprovinciales porque algunos chocan y causan accidentes. Se deben colocar “candados” para asegurar la calidad, pero no prohibir la modalidad, pues con ello se afecta el derecho a la libre iniciativa privada y a la libertad de elección.
Asimismo, resulta curioso que el proyecto proponga un sistema de sanciones que nos recuerda a la Inquisición, pues para una falta “leve” o “benigna” proponen la imposición de una multa no mayor a 20 UIT (S/.77.000) y para una falta “muy grave” una multa no mayor a 120 UIT (S/.462.000) y la cancelación de la licencia de funcionamiento. Además, deja a la norma de reglamentación la definición de las infracciones que encausarían tales sanciones, hechos que convierten a la ley en un instrumento punitivo antes que correctivo. Esto a menos que el Ministerio de Educación (Minedu) tenga planeado financiar el novel Organismo de Gestión de Institutos Escuelas de Educación Superior Públicos (Educatec) con las multas que prevé aplicar a los centros privados.
Sobre Educatec también llama la atención el grave error de no incluir en su consejo directivo a ningún representante del sector privado y, peor aun, que no se aproveche la oportunidad de incluir a todas las instituciones públicas de educación superior que no sean universidades –tales como los institutos pedagógicos o artísticos–. Con ello el Minedu desconcentraría y delegaría parte de sus recargadas funciones a un organismo especializado, adscrito y autónomo, y podría dedicarse de lleno a la educación básica pública (que fuera de ser la única obligatoria de acuerdo con la Constitución, es aquella que concentra el 70% de la matrícula nacional. Convirtiéndola, por decantamiento, en su tarea primordial).
Así las cosas, nos toca darle un soplo al oído a nuestros congresistas para que en el próximo debate que se realice en el pleno puedan corregir y modificar estas notorias distorsiones de tan importante dictamen de ley.
