Correo, 29 de noviembre de 2020
Por María Isabel León
Una reciente encuesta de Datum, recogió la percepción ciudadana sobre lo que consideran son los 3 problemas nacionales más importantes: la corrupción, el desempleo y la inseguridad. Se comprobó, asimismo, que mayoritariamente los peruanos consideran que los emprendedores y empresarios contribuyen positivamente al beneficio nacional y que las inversiones privadas son necesarias para el desarrollo del país. Ello, no debe sorprendernos dado que una de cada tres familias peruanas, tiene en su seno a un empresario que lleva adelante sus proyectos a través de una micro, pequeña, mediana o gran empresa.
Queda al descubierto que existen algunos personajes de sectores radicales, que pretenden atribuir a la empresa y a la libre iniciativa privada (e incluso a la actual Constitución) todos los males de la historia del Perú. El problema no es solo que mientan descaradamente; el problema es que las repitan, engañando a quienes no repasan un poco la realidad. Si retrocedemos a la nefasta dictadura militar que padecimos entre 1968-1980, se hace evidente que la aventura de un Estado-empresario trajo enormes pérdidas económicas y nos puso al borde de la bancarrota y nos arrastró, en los años siguientes, a un Perú sin reservas internacionales, con un elevadísimo índice de pobreza, con una inflación de 4 dígitos en el que los más golpeados fueron los miles de familias peruanas. Al llegar a la década de los 90, el Perú sentó las bases del desarrollo que nos permitió lograr una Constitución, aprobada mayoritaria y libremente por los ciudadanos a través de un Referéndum democrático, que garantiza las libertades para todos y una economía social de mercado que nos ha permitido un crecimiento exponencial, admirado en toda América y el mundo.
Desde entonces, los contribuyentes -las más de 2′700 mil micro, pequeñas, medianas y grandes empresas- hemos sido capaces de generar enormes sumas de dinero en impuestos, regalías, canon y demás, puestos a disposición de los gobernantes de turno para ser redistribuidos e invertidos en adecuados servicios públicos, bienestar y desarrollo nacional.
Por ello, la precariedad de los sistemas públicos no son responsabilidad directa de los contribuyentes ni de la Constitución, sino de los gobiernos locales, regionales y central, que no han sido capaces de utilizar adecuada, oportuna y eficazmente el dinero que los contribuyentes les hemos entregado.
Basta dar una mirada a Cuba y Venezuela para reflexionar y saber que la vía radical que ofrecen quienes insisten en polarizar al país, es la de mayor precariedad y pobreza. Seamos libres, seámoslo siempre.
