Por: Marcos Ibazeta Marino
Expreso, 5 de mayo del 2022
La izquierda retrógrada que se está enquistando en el aparato del Estado para controlar toda nuestra institucionalidad y ejecutar sus planes hacia objetivos ideológicos con métodos tan antiguos de antes de la caída del muro de Berlín que fue el corolario del fracaso comunista, nos está llevando por el camino de una inequívoca destrucción económica y social tal como ha ocurrido en todos los países comunistas del pasado y, en el presente, a los que aún siguen esa ruta como Cuba y Venezuela hacia cuyo desastre el Foro de Sao Paulo pretende conducir a toda América Latina.
Hoy nos está ocurriendo con la minería lo que en el siglo antepasado ya vivimos con el guano y el salitre en medio de un desquiciamiento social y político que nos convirtió en una pera en dulce para cualquier país con ánimo expansionista como el de Chile hacia el norte, para fortalecer su Estado destruyendo nuestra infraestructura y economía, de cuyo desastre no hemos podido recuperarnos del todo.
En el sur del país no hay centro minero que no esté siendo atacado por las comunidades aledañas movidos por dirigentes que, con serios indicios de enriquecimiento personal ilegal, logran que los comuneros olviden que tienen un gobierno central, otro regional y uno local a los cuales llega el presupuesto público para las obras que requieren sus colectividades, de modo que concentran su ira social en contra de las empresas mineras que están allí luego de haber efectuado gigantescas inversiones que generan puestos de trabajo para miles de personas, incrementan los ingresos estatales por impuestos, conceden un canon adicional a favor de los gobiernos regionales y locales para terminar con obras directas a favor de las poblaciones aledañas bajo el concepto de la responsabilidad social de la empresa.
Si esos pueblos no perciben que haya inversiones ni trabajo para dotarles de infraestructura básica con servicios públicos de calidad deberían canalizar sus protestas hacia sus autoridades estatales.
Si la empresa en sus relaciones contractuales con el Estado llega a acuerdos que no satisfacen a esas poblaciones también la protesta debe dirigirse contra las autoridades para renegociar o poner orden en la ejecución de contratos según los términos en que cada comunidad haya entregado su derecho de superficie, pero jamás destruir lo que les da de comer.
Ahora se está paralizando Cuajone y Las Bambas junto a otras mineras del sector sureño y parece que quieren traerse abajo también a Toromocho, sin pensar que si esos yacimientos se paralizan la gente volverá a su eterna pobreza sin dinero y sin trabajo, sin tecnología y sin servicios públicos.
Siempre nos enseñaron que lo que produce riqueza no se destruye y que si algo anda mal se corrige, se mejora y se aprovecha cada vez mejor la mayor riqueza producida. Lo contrario solo es una nefasta necedad.
