Por: Marcial García
El Comercio, 11 de setiembre de 2019
La inversión en exploración viene cayendo con fuerza desde que alcanzó su pico de US$905 millones en el 2012, pese a que contamos con el mayor potencial minero de América Latina, por encima de Chile, según el ránking del Instituto Fraser. En lo que va del año se redujo en 17%, acentuando el descenso de 15% del 2018.
Algunas causas de esta mala racha son bien conocidas, como la conflictividad social, la sobrerregulación, las trabas burocráticas y la tensión política. Pero otras son menos evidentes como la inseguridad jurídica que despierta la vieja costumbre de ciertos sectores políticos de izquierda de insistir en reformas que amenazan la minería en el país, en desmedro de la predictibilidad requerida para las decisiones de inversión.
La propuesta de los gobernadores regionales del sur para cambiar la Ley de Minería es solo uno de muchos casos. Dos proyectos de ley presentados por congresistas de la bancada de Nuevo Perú sirven para ilustrar el punto.
El primero plantea derogar la ley que dispone la devolución del IGV a la exploración minera sustentándose en una falsedad. La exposición de motivos asegura que “constituye un beneficio que solo eleva las grandes utilidades de las empresas mineras”. La verdad, no obstante, es otra. El régimen solo aplica a aquellas que, “no habiendo iniciado operaciones productivas, realicen actividades de exploración”; es decir, a compañías que lejos de obtener utilidades sufren pérdidas en la búsqueda de yacimientos.
Esto evidencia no solo un sesgo ideológico en contra de la minería, sino que los parlamentarios que firmaron la iniciativa ni siquiera se tomaron el trabajo de revisar la norma que pretenden eliminar.
El patrón se repite en la segunda propuesta legislativa. En concreto, contempla que solo pueda deducirse del Impuesto a la Renta el 50% de lo invertido en exploración, sin considerar que competimos por inversiones y que países como Argentina promueven esta actividad permitiendo que la deducción sea del 200% como incentivo tributario. El planteamiento es absurdo y lleva impregnado un tinte más político que técnico.
La exploración es la raíz que alimenta toda la minería. Gracias a ella, se desarrollan nuevas minas, hay más producción, se generan empleos y se logra recaudar tributos que el Estado puede usar luego para financiar servicios públicos e infraestructura. Y como en el caso de las plantas, nada crece si se mata la raíz. Por eso, hay que nutrirla en vez de dañarla. Esta idea tan elemental no debe ser ignorada en el debate de estas medidas.
El titular del Congreso recientemente pidió cautela al hacer cambios en las leyes a fin de evitar incertidumbre para la inversión. Esperemos que las palabras de Pedro Olaechea sean escuchadas por sus colegas y que estos proyectos sean rechazados. No podemos darnos el lujo de perder competitividad. Después de todo, y contra lo que parecen creer algunos, nuestro país no es el único con depósitos minerales en el mundo.
