Por: María Cecilia Villegas
El Comercio, 11 de octubre de 2021
Si uno circula por las ciudades del Perú, podrá ver que los restaurantes, los cines, las tiendas y los bares están abiertos y llenos de gente. Sin embargo, los colegios siguen cerrados. Ello, a pesar de la demanda de los padres de familia y de los organismos especializados a nivel internacional. La excusa del COVID-19 no es más que una muestra de la inoperancia del sector educación.
De hecho, un estudio realizado en 191 países demostró que no existe una relación directa entre el cierre o apertura de las escuelas y las tasas de contagio de COVID-19. Asimismo, una síntesis de las encuestas epidemiológicas y de los análisis de los hogares indica que los niños transmiten el virus de forma menos eficaz que los adultos. Los colegios no son una fuente importante de transmisión ni entornos de alto riesgo para los maestros y el personal administrativo.
La pandemia ha provocado la crisis educativa más grave de los últimos 100 años. El impacto en la destrucción de capital humano será enorme. Por ello, es necesario tomar medidas urgentes para abrir los colegios de forma segura y aplicar políticas que permitan a los niños recuperar la educación que han perdido.
El Banco Mundial ha calculado que el cierre de los colegios significará una pérdida de US$10 billones en ingresos a nivel global producto de la caída en el nivel educativo y al riesgo de que los niños queden fuera del sistema. Mientras más tiempo pasen los niños fuera de los colegios, mayor será la probabilidad de que no regresen. En el caso peruano, el abandono escolar era uno de los mayores problemas que ya veníamos enfrentando junto con la baja calidad del aprendizaje. Recordemos que, en el 2019, solo 17,7% de los alumnos de 2° de secundaria podían resolver problemas matemáticos y el 14,5% entendía lo que leía. Esto significa que de cada 100 alumnos solo 14 entienden lo que leen. Solo en el 2020, 300 mil estudiantes dejaron de ir al colegio. El cierre de los colegios impacta, además, en la alimentación de los niños en pobreza, pues es en los colegios donde muchos de ellos recibían las principales comidas del día.
El activo más importante de un país es el capital humano; esto es, las personas. Mientras menor educación tengan, menores serán las posibilidades de obtener un trabajo bien remunerado que les permita escapar de la pobreza. Esto tiene un impacto directo en el desarrollo económico del país, ya que la productividad será menor porque la población económicamente activa (los trabajadores) no tendrá las habilidades necesarias para que el Perú sea un país más competitivo.
La pandemia nos ha mostrado el rol irreemplazable de los maestros guiando el aprendizaje de los alumnos. Los maestros son responsables de formar el futuro de millones de estudiantes. Pero, ¿qué futuro queremos darles a los niños? El nuevo ministro de Educación, Carlos Gallardo, es muy cercano al Conare-Sutep, el sindicato de educación cuyos miembros pertenecen al Movadef. Además, tiene estrechos vínculos con el Fenate Perú, el sindicato fundado por Pedro Castillo. De hecho, el flamante ministro de Educación estuvo en la huelga del 2017, aquella que dejó sin clases a los niños durante 75 días y lanzó a la política al presidente de la República. El ministro, además, considera que la Prueba Única Nacional, la evaluación que deben tomar los maestros para conseguir su nombramiento, “es para tener a los maestros intimidados”. Durante años dejamos la educación en manos del Sutep con los desastrosos resultados que todos conocemos. Hoy, se la hemos entregado a quien, con ideas radicales, buscará capturar y politizar el sector más importante del país: aquel que forma a los niños del Perú.
