Maria Cecilia Villegas
El Comercio, 17 de agosto del 2026
“El problema del sistema de justicia no se detiene en la destrucción y persecución de la clase política y los funcionarios públicos”.
La administración de justicia es una de las bases del Estado de derecho y la democracia. Pero el sistema de justicia peruano se ha convertido en una instancia de injusticia, persecución y abusos. Hemos olvidado que el juez es la última protección del ciudadano frente al abuso privado y estatal. Un sistema efectivo requiere jueces que tengan tres atributos: competencia, integridad e independencia. Pero en el Perú no son los mejores estudiantes de las mejores universidades los que llegan a la judicatura.
Los excesos en algunos procesos anticorrupción muestran qué ocurre cuando la presión social, el ansia de notoriedad o las convicciones personales desplazan la legalidad. Jueces y fiscales que, sabiendo que lo que perseguían no era delito, generaron un daño irreparable en la lucha contra la corrupción, abusando de prisiones preventivas y rompiendo un principio básico del derecho penal: lo que no está tipificado como delito no es un delito. Poco importó la justicia porque los medios querían primicias y políticos enmarrocados, y los peruanos querían circo, mientras jueces y fiscales aprovechaban un trampolín a la fama y recibían aplausos. Esta es una muestra de inmoralidad, pero también de la mediocridad de jueces y fiscales.
La persecución judicial no fue solo contra políticos y expresidentes, sino también contra funcionarios públicos de trayectoria, conocidas capacidades y honestidad, ordenando prisiones preventivas y embargos a sus cuentas y propiedades. Como consecuencia, se terminó expulsando a los mejores profesionales del servicio civil.
Si los jueces y fiscales no son independientes, imparciales, ni entienden los principios del Estado de derecho y las leyes, y si no son íntegros, todos los peruanos estamos desprotegidos. El Tribunal Constitucional ha establecido que solo por razones muy excepcionales se debe privar de la libertad a una persona sin que se haya demostrado judicialmente su culpabilidad. Pero, en nuestro país, la prisión preventiva se ha vuelto la norma. El sistema penitenciario tiene 95.000 personas privadas de libertad, 37% de ellas en prisión preventiva. Los jueces y fiscales abusan, porque creen que no deben rendirle cuentas a nadie, cuando tienen la obligación de darle explicaciones a la ciudadanía.
El problema del sistema de justicia no se detiene en la destrucción y persecución de la clase política y los funcionarios públicos. Los peruanos de a pie que necesitan que un juez proteja su libertad, su casa, su empresa o sus derechos terminan enfrentados a jueces y fiscales con un gravísimo problema de falta de conocimiento de las leyes, de la jurisprudencia y del concepto de legalidad, además de un enorme problema de criterio, mediocridad y complejos. Y, por supuesto, corrupción. Procesos judiciales mal llevados, personas inocentes condenadas a prisión por desidia, por jueces que no actúan ni valoran debidamente las pruebas. Juicios ganados sobre la base no de la razón y la ley, sino de la coima. Y por eso el Perú está en el puesto 118 de 142 países en el ránking internacional de corrupción judicial.
Una justicia corrupta es peligrosa porque puede vender sus decisiones. Una justicia incompetente lo es porque puede equivocarse sin siquiera saberlo. Pero una justicia dependiente y mediocre lo es porque puede saber qué corresponde hacer y no atreverse a hacerlo. Cuando las tres cosas conviven en un mismo sistema, la ley deja de proteger al ciudadano y se convierte solo en uno más de los factores que el juez toma en consideración.
