Maite Vizcarra
El Comercio, 11 de junio del 2026
“El verdadero potencial de la IA no reside en reemplazar funcionarios ni en convertir ministerios en laboratorios futuristas”.
En medio de un gobierno que está por empezar en poco más de un mes, en un país fracturado por una evidente ausencia del Estado en amplios territorios y con una ciudadanía que reclama, cada vez con menos paciencia, un cambio radical, conviene preguntarse qué papel puede jugar la inteligencia artificial en la construcción de un Estado más eficiente, más cercano y, sobre todo, más útil para las personas.
La pregunta importa porque, después de décadas de reformas y modernizaciones, muchos peruanos siguen sintiendo que el Estado simplemente no llega.
Durante años hemos confundido digitalización con transformación. Digitalizar un trámite es una mejora. Permitir que un formulario se complete desde un celular también. Pero ninguna de esas innovaciones altera realmente el resultado si detrás de la pantalla continúa existiendo un proceso complejo, redundante o diseñado para servir al procedimiento antes que al ciudadano.
La inteligencia artificial plantea una oportunidad mucho más ambiciosa. No se trata de hacer más eficiente la burocracia. Se trata de reducir la necesidad misma de la burocracia.
Por ejemplo, en Argentina, la agenda impulsada por el novísimo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado puso sobre la mesa una idea tan simple como poderosa: antes de automatizar una regla conviene preguntarse si la regla sigue siendo necesaria. Antes de digitalizar un trámite conviene preguntarse si el trámite debería existir.
La combinación de desregulación inteligente e inteligencia artificial permite mover la frontera de productividad del sector público. En lugar de destinar recursos a gestionar procesos que agregan poco valor, el Estado puede concentrarlos en aquello que realmente importa: seguridad, salud, educación, infraestructura y atención ciudadana.
La diferencia no es menor. Un Estado tradicional suele medir su desempeño por el número de expedientes procesados, autorizaciones emitidas o procedimientos cumplidos. Un Estado inteligente debería medirlo por algo distinto: cuánto valor público genera para la sociedad.
Más valor público significa mejores servicios, más confianza institucional, menos costos para ciudadanos y empresas y mayores oportunidades de desarrollo. Significa que una licencia pueda obtenerse en horas y no en semanas; que una pequeña empresa dedique menos tiempo a llenar formularios y más a crecer; que un ciudadano encuentre soluciones sin tener que peregrinar entre oficinas.
El verdadero potencial de la IA no reside en reemplazar funcionarios ni en convertir ministerios en laboratorios futuristas. Su mayor aporte consiste en liberar capacidades humanas para tareas de mayor impacto y permitir que el Estado deje de administrar trámites para concentrarse en resolver problemas.
Quizás esa sea la discusión que debería acompañar al próximo gobierno. No cuánto Estado queremos, sino qué tan capaz es ese Estado de generar progreso para más peruanos. Porque cuando la inteligencia artificial y la desregulación inteligente trabajan juntas, la meta deja de ser la eficiencia. La meta pasa a ser algo mucho más importante: crear valor público.
