Maite Vizcarra
El Comercio, 19 de febrero del 2026
En el Perú hemos aprendido que lo peor no existe. Siempre puede haber algo peor… o al menos más inesperado. Y mientras cae otro presidente, otros poderes en el mundo apenas empiezan a rendir cuentas.
La censura y caída del expresidente José Jerí nos recordó, una vez más, que en la política peruana el vértigo ya no es excepción, sino rutina. Cuando creemos haber tocado fondo, aparece un nuevo episodio que nos obliga a actualizar la escala de lo improbable. “Lo peor de todo no existe. Siempre puede haber algo peor”, dice el refrán popular con una mezcla de fatalismo y sabiduría preventiva.
Pero mientras aquí estrenamos una nueva presidencia, en Estados Unidos se desarrolla otro tipo de ajuste de cuentas. Esta vez no es el Ejecutivo el que enfrenta juicio político, sino una de las empresas más poderosas del planeta: Meta, y su CEO, Mark Zuckerberg. Padres de menores afectados han llevado a la compañía a tribunales acusándola de diseñar plataformas deliberadamente adictivas para niños y adolescentes.
Podría parecer un debate lejano, casi ajeno a nuestra inestabilidad institucional. Sin embargo, habla del mismo asunto: el poder. ¿Quién lo ejerce? ¿Quién lo controla? ¿Quién responde cuando ese poder afecta la vida de millones? Las demandas no se centran en el contenido que circula en Instagram o YouTube, sino en el diseño mismo de las plataformas: el scroll infinito, las notificaciones que irrumpen como campanadas modernas, las recompensas intermitentes en forma de “me gusta”.
Los estudios científicos describen un fenómeno complejo. El uso activo —interactuar, crear, conversar— puede fortalecer vínculos y autoestima. El uso pasivo —mirar sin participar— se asocia con menor bienestar emocional. Y el uso compulsivo, especialmente en adolescentes, puede vincularse con ansiedad, síntomas depresivos, trastornos del sueño y baja autoestima.
El proceso judicial en Los Ángeles es histórico no solo por las cifras —más de 3.000 demandas individuales, distritos escolares reclamando compensaciones—, sino porque demuestra que las big tech no son intocables. Durante años, empresas como Meta parecían operar en un territorio casi soberano, protegidas por normas como la famosa Sección 230. Hoy, al menos en este frente, el argumento de impunidad empieza a resquebrajarse.
Y aquí volvemos al refrán inicial. Pensábamos que lo peor era la inestabilidad política. Ahora descubrimos que también puede haber una crisis silenciosa, menos visible pero igual de profunda: la de la salud mental juvenil en entornos digitales hiperestimulantes.
No sabemos aún cómo terminará el juicio contra Meta. Tampoco sabemos cuántos presidentes más estrenaremos en los próximos años. Lo que sí sabemos es que ningún poder —ni el político ni el tecnológico— debería quedar fuera del escrutinio ciudadano.
Tal vez la verdadera lección no sea que “siempre puede haber algo peor”, sino que siempre puede haber algo mejor si decidimos poner límites, exigir responsabilidad y actuar organizadamente como esos miles de padres de familia ante Meta. ¿Es posible botar al tacho de basura a una clase política indolente? Sí, la opción está cerca el próximo 12 de abril.
