Maite Vizcarra
El Comercio, 5 de diciembre del 2024
El uso del expediente judicial electrónico usado en procesos civiles y laborales ha permitido una reducción en la resolución de tiempos de entre el 63% y el 55% en primera y segunda instancia.
En el mundo de la innovación distinguimos entre esos pequeños cambios que terminan marcando la diferencia de esas disrupciones que marcan época. ¿Cuál es mejor? Todo depende de las circunstancias. Lo cierto es que, en entornos en los que todo está muy venido a menos, cualquier pequeña mejora, cualquier innovación incremental, puede mover la aguja tanto como si fuese la disrupción del siglo.
En el Perú hay tantos espacios en los que la llamada línea de base no existe o es negativa. O, dicho de un modo simple, hay tantos espacios degradados en la patria que cualquier innovación incremental puede ser el inicio de un enorme avance.
El caso de la Justicia –así, con mayúscula– y su administración, es una de esas arenas degradadas que, como bien mostró Jaime de Althaus en CADE 2024, es tolerante y promotora de la corrupción por lo que, en la práctica, no funciona.
Pero, ¡oh coincidencia!, es el sector Justicia un candidato pintadísimo para ser innovado ya mismo y con pequeñas acciones. De Althaus mostró en su exposición el impacto que la digitalización puede tener en el calvario que supone lograr justicia para la gente como uno.
El uso del expediente judicial electrónico usado en procesos civiles y laborales ha permitido una reducción en la resolución de tiempos de entre el 63% y el 55% en primera y segunda instancia, respectivamente. Y la inteligencia artificial (IA) asoma en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en donde su uso está permitiendo acelerar el análisis de casos que puede pasar de cuatro horas a tan solo 40 segundos.
Volviendo al mundo de la innovación, donde para evitar las frustraciones o, mejor aún, para lograr el efecto deseado de manera controlada, evitando despilfarro de dinero, esfuerzo y tiempo, se usa la idea de la “prueba de concepto”. Esta supone crear una situación lo más cercana a lo que deseamos sin que lo sea en su versión final, y tratando de ser lo suficientemente atentos a los cambios que se producen respecto de lo que queremos para lograrlo.
Viendo la presentación de CADE, uno se pregunta, ¿y por qué no se puede hacer una POC (‘Proof of Concept’) con la IA no solo en una dependencia o corte judicial, sino en varias y a nivel nacional? Seguramente usted responderá que no se puede porque no hay voluntad política. Y entonces diremos que, a pesar de que, en efecto, esta no existe, lo que sí hay es mucha frustración de todos y que podemos impulsar el cambio.
Y, con mayor razón, cuando ya existen precedentes judiciales en lugares cercanos. En Argentina ya está reglamentado el uso de IA para redactar fallos judiciales; en México, los tribunales están autorizados a utilizar sistemas de IA para determinar si alguien puede entrar al sistema de seguridad social; y, en Colombia, la propia Corte Constitucional usa PretorIA, una herramienta que clasifica las sentencias de tutela de los jueces.
¿Empezamos una POC con IA en más juzgados peruanos? Si la respuesta es sí, me ofrezco y lo acompaño.
