Por: Madeleine Osterling
Expreso, 15 de agosto de 2018
La ejecución presupuestal solo provoca llorar en nuestro país. Veamos algunas perlas.
Al mes de abril, el GR de Ayacucho solo había ejecutado el 8 % de su presupuesto. La construcción de los hospitales estratégicos de San Francisco y San Miguel, aún no puede ser iniciada por las dos razones de siempre: (i) falta de capacidad profesional para elaborar las Bases y el Expediente Técnico, y (ii) demoras generadas por los reclamos de aquellos postores que fueron sacados de carrera; interminables denuncias ante la OSCE y el PJ, sin importarles el costo social, solo su bolsillo.
Las recientes víctimas de envenenamiento en Ushua, son una patética muestra de la condición de los establecimientos de salud en esa región; tanto es así que no fueron capaces de suministrar atropina ni practicar las más elementales acciones de primeros auxilios.
¿La señora ministra de Salud o algún funcionario del sector ha rendido cuentas? No, que yo sepa. Simplemente visitan el lugar, brindan alguna ayuda, salen en la foto y cierran el capítulo.
A junio, el Minsa solo ha gastado el 30 % de su presupuesto en la compra de medicinas, con el agravante que la mayoría de ellas tienen un promedio de 17 años de antigüedad, vale decir, nos seguimos muriendo de aquellas enfermedades que ya tienen cura en otros países de este mundo globalizado. Los medicamentos aprobados por el FDA, con suerte, tardan tres años en llegar al Perú y, aun así, seguimos pregonando que estamos ad portas de la OCDE.
Según la OMS, más del 90 % de las personas con mala visión viven en países en desarrollo. ¿Sabemos qué porcentaje de peruanos están afectados y se ven impedidos de seguir desempeñando trabajos manuales (artesanos, tejedores, orfebres) de los que depende su subsistencia? ¿Sabemos cuántos escolares ven afectado su rendimiento? No basta combatir la anemia. Quisiera saber cuántas Diresa hacen campañas oftalmológicas integrales, no solo el eventual despistaje de glaucoma en ancianos.
Además de reducida, ineficiente. Está probado que un alto porcentaje de la pobre ejecución presupuestal se destina a proyectos de infraestructura sin ninguna trascendencia o a gasto corriente.
En este escenario, me sorprende que el MEM esté evaluando una norma para que las comunidades campesinas ubicadas en las áreas de influencia de la actividad minera tengan voz y voto en la decisión del uso del canon minero. Craso error. Cuanto más gente participe en una decisión, sobre todo si carece de preparación y conocimiento para adoptarla, o es arrastrada por sus emociones, resultará más ineficiente. Es una iniciativa populista, que solo va a generar conflicto y que no necesariamente va a allanar el camino para el otorgamiento de las licencias sociales.
¡Un poco de memoria y de sentido común, por favor!
