Madeleine Osterling
Expreso, 25 de marzo del 2026
La velocidad con la que la Izquierda daña un país es asombrosa. Y cuando concentra poder, aún más. Es el Atila del desarrollo: por donde pasa, la prosperidad agoniza y muere. La evidencia es abrumadora y está a la vista. Basta mirar al Congreso que hoy gobierna de facto rodeado de personajes cuestionables. No solo se ha dedicado a golpear el tesoro público sino al país entero, con leyes demagógicas e impagables: aguinaldo completo y CTS para trabajadores CAS y, una suerte de cédula viva para los maestros jubilados. Populismo preelectoral en estado puro. Cuesta creer que el Ejecutivo, liderado por un títere de Perú Libre como Balcazar, vaya a observar estas normas cuando su primer acto fue aprobar un nuevo salvataje de S/500 millones para Petroperú.
Pero el deterioro no se detiene ahí. Hace una semana la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que propone reducir el plazo de vigencia de las concesiones mineras y, aumentar el costo y las penalidades. Lamentablemente, la mayoría de sus miembros no solo desconoce el funcionamiento de la actividad minera, sino también el complejo universo de costos, riesgos y obligaciones que ésta implica. La ideología – o quizás el oportunismo – los ciega. Hablar es fácil; el papel aguanta todo, pero pretender que las concesiones caducas reviertan al Estado para que éste, gratuitamente, las adjudique a pequeños productores mineros o cooperativas bajo un esquema de propiedad social no es una política pública, es la crónica de un fracaso anunciado. Sorprende, además, que tres miembros de Renovación Popular hayan optado por la abstención –el voto de los cobardes– cuando el daño potencial es evidente.
La minería es muy intensiva en capital, con inversiones de muy largo plazo y alto riesgo. En la llamada “propiedad social” se diluyen responsabilidades y rápidamente se generan conflictos internos. Esas estructuras sería presa fácil de la minería ilegal. Y en un país donde el facilismo y la corrupción se han convertido en la regla, resulta clarísimo que este Congreso, en los hechos, está trabajando para la ilegalidad.
Conviene recordar, además, que obtener una concesión no significa que se pueda explotar de inmediato ni que el supuesto proyecto sea rentable. Antes, hay que avanzar en más exploración, estudios geológicos, estimación de reservas, evaluación de costos, permisos ambientales, pero, sobre todo, en lo más difícil y costoso, conseguir la licencia social para esta etapa inicial. Ese sigue siendo el gran obstáculo para promover inversión minera, aunque el Estado se resista a entenderlo.
La licencia social, mal manejada, suele generar expectativas desmedidas en las comunidades que la otorgan. Hay muchas mafias que les venden la idea que están frente a un billete de lotería ganador, cuando en la etapa de exploración hay una inmensa incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto. El gran responsable de que, a pesar de tener 16% del territorio concesionado, apenas se explote poco más del 1% es el Estado. La permisologia es agobiante, impredecible y excesiva; todos levantan la voz, pero nadie se atreve a simplificarla por MIEDO, porque hay demasiados intereses creados.
Desde el 2019, durante el gobierno de Vizcarra, nuevamente se empezó a hablar de integrar los permisos mineros en un solo sistema. Han pasado siete años, seis gobiernos e innumerables ministros y la VUD sigue sin implementarse. No hay excusas.
La minería representa el 10% del PBI pero la inversión está cada vez más golpeada. Predominan las ampliaciones de operaciones existentes (brownfield) sobre los nuevos proyectos (greenfield). El 2025 fue un buen año, sí, pero maquillado por los altos precios internacionales. Creció el valor exportado de cobre y oro, pero no necesariamente el volumen que es lo que refleja la capacidad productiva del país. No estamos ante un boom minero, sino frente a un espejismo lamentable en uno de los países con mayor potencial geológico del mundo.
