Por: Álvaro Monge Zegarra, Socio de Macroconsult
Gestión, 24 de febrero de 2020
Hace unas semanas el Gobierno mostró su intención por desarrollar un índice de pobreza multidimensional (IPM). Es una decisión acertada en la medida que denota un esfuerzo por reconocer que la pobreza alberga aspectos más complejos sobre el bienestar de las personas que la insuficiencia de recursos monetarios.
Aceptar que los ciudadanos enfrentan circunstancias diferentes (acceso a servicios básicos, educación, salud o seguridad ciudadana) que afectan sus resultados (en nutrición, rendimiento educativo o inserción laboral) y que tales dimensiones deben considerarse al evaluar sus condiciones de vida, implica avanzar hacia una mirada integral de los problemas de definición e identificación de la pobreza.
La variante por ser implementada sería la del Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). Al respecto, conocer sus limitaciones permitirá que la información que provea sea adecuadamente utilizada. Por ejemplo, una que usualmente se distingue es que su construcción implica un conjunto de decisiones arbitrarias. Así, no existen procedimientos objetivos claros para elegir las dimensiones a considerar, los indicadores que miden estas dimensiones o los pesos de cada uno dentro del índice.
Si bien usar marcos conceptuales, diagnósticos de necesidades o procesos participativos ayudan a ordenar la toma de decisiones, la disponibilidad de información o la necesidad de mantener cierta parsimonia en las estimaciones obliga a que en el margen se tomen decisiones subjetivas de inclusión y exclusión. Lo mismo ocurre con los parámetros utilizados para definir a una persona como pobre y responder: ¿cuándo un individuo presenta una necesidad? o ¿cuántas necesidades debe presentar el individuo para ser considerado pobre?
Por ello, más que una alternativa a la medición de la pobreza monetaria (que también tiene sus propias arbitrariedades), los indicadores no monetarios deben considerarse como complementarios a este enfoque tradicional. Si bien agregar el IPM en un indicador único y comparar sus estimaciones respecto de la cantidad de pobres que identifican las fuentes oficiales o las tendencias que definen es tentador, como sugiere Javier Escobal en su publicación del año 2012 “Multidimensional Poverty and Inequality of Opportunity in Peru”, su verdadera utilidad para la política pública radica en su capacidad de hacer diagnósticos detallados para cada dimensión de bienestar de manera interdependiente, profundizando nuestro entendimiento sobre las causas y naturaleza de la vulnerabilidad.
No obstante, cualquiera sea la intención, la condición previa para caminar hacia este nuevo paradigma será el avance que se tenga respecto de la capacidad de armonizar e integrar los sistemas de información estadísticos nacionales y sectoriales. Señales claras en esta dirección permitirán concluir que la nota de prensa de inicios de mes del Midis no fue solamente declarativa.
