Por Luis Miguel Castilla
(El Comercio, 16 de octubre de 2015)
Uno de los legados más importantes del gobierno del presidente Ollanta Humala es la reforma del servicio civil. La adecuada atención a la urgente exigencia ciudadana de contar con bienes y servicios públicos de calidad depende, principalmente, de la idoneidad, profesionalismo y transparencia del talento que tiene el Estado. Esto se hace particularmente urgente en vista de las actuales circunstancias externas desfavorables, tal como se concluyó en la reciente Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Desde el punto de vista del ciudadano, la adecuada provisión de bienes y servicios públicos es fundamental. Para que un pequeño emprendedor tenga éxito en un negocio, el Estado debe hacerle la vida más fácil, bien sea para reducir los elevados costos administrativos o para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o laborales. Para que un adulto mayor en situación de pobreza obtenga su Pensión 65 o una beneficiaria de Juntos obtenga su transferencia condicionada, la interacción con el Estado debe ser simple y oportuna. Para que un exportador pueda acceder a nuevos mercados, debe contar con el apoyo de las agencias estatales que faciliten el comercio y le permitan aprovechar las políticas de apertura comercial. En todos estos ejemplos, el Estado está compuesto por funcionarios que, en el marco de las normas que deben de cumplir, tengan una vocación de servicio al ciudadano.
Desde la publicación de su reglamento, la implementación de la reforma del servicio civil en los últimos 15 meses no ha sido un ejercicio trivial. No se trata solo de un simple incremento salarial, sino de una reingeniería de procesos que están acometiendo las entidades públicas. Con ella buscan asegurar que los perfiles profesionales con los que cuentan son los idóneos para cumplir con los objetivos que tienen.
En lo que va del año, cerca de 200 entidades se encuentran en camino de realizar los concursos públicos que se darán para ingresar a este nuevo régimen laboral. Los pasos previos para que los “nuevos” servidores públicos concursen y entren al régimen Servir implican la identificación de espacios de mejora organizacional al interior de las entidades públicas. Esta mejora interna es clave para el éxito de la reforma al demandar la actualización de perfiles de puestos y su respectiva valorización. Con ello, se busca garantizar la permanencia de los mejores cuadros. A esto se suma la capacitación continua para establecer un régimen laboral meritocrático, sujeto a evaluaciones y rendición de cuentas.
La recuperación de la actividad económica y el mantenimiento del progreso social logrado en estos años demandan un Estado ágil, eficiente y una institucionalidad más sólida, que reduzca los costos de transacción que enfrenta la actividad empresarial para facilitar la creación de riqueza, la generación de empleo y la dotación de oportunidades para los más vulnerables, entre otros. El logro de estos objetivos requiere de un Estado funcional con una burocracia eficiente, con los incentivos correctos y que responda a las necesidades del ciudadano. La culminación de la reforma del servicio civil en el Perú es una tarea impostergable. Esperemos que haya la debida conciencia en la sociedad peruana para que demande estos cambios y el liderazgo político que permita que el Estado esté a la altura de estas exigencias en una política permanente que trascienda a los gobiernos.
