Por: Luis Estrada
Perú21, 7 de marzo de 2021
A fines de febrero, el sistema de salud informaba de 1.3 millones de infectados y casi 50,000 muertos por efecto de la pandemia.
Sin embargo, se sabe por estudios de mortalidad (Grillo, Romero, USMP) que el número de fallecidos sería superior a 100,000. Con o sin cuarentena y sin vacunas, el COVID estaría cobrando en nuestro país más de 8,000 vidas al mes.
En los países de referencia, los procesos de vacunación se iniciaron en febrero. Estos firmaron contratos de abastecimiento, con más de un laboratorio entre agosto y setiembre pasado por dosis muy superiores a las necesarias para inmunizar a toda su población.
El caso más emblemático es Chile, que, con menos reservas internacionales que Perú, tiene vacunado a casi el 20% de su población, asegurado el abastecimiento y un cronograma público de inmunización.
¿Y nosotros? Vacunas a cuentagotas, y sistema de salud colapsado, miedo. El gran responsable, sabemos, es Vizcarra y su equipo, cuya incompetencia y poca transparencia acabaron con la confianza en el Estado para gestionar la crisis.
En este contexto, la participación del sector privado en la gestión integral del proceso de vacunación desde la compra es imperativa.
El presidente Sagasti no está siendo transparente, no se entiende su renuencia a trabajar con privados (laboratorios, farmacias, clínicas, compañías de seguros, servicios logísticos, AFP, etc.).
Cada día sueltan argumentos inverosímiles. Regresaron las medias verdades y los comunicadores mononeuronales.
¡Vacunas que son bienes públicos!
Laboratorios que no venden a privados.
Ricos de 20 dólares que dejan sin vacunas a los pobres.
Vidas que no valen igual. Ética trucha. ¡Un crimen!
Quizá haya cálculos políticos, compromisos asumidos, mala leche caviar o cuentos chinos.
