Por Luis Carranza
Perú 21, 03 de diciembre de 2023
“Por eso, más allá de las necesarias políticas de estímulo de corto plazo, se necesitan verdaderas reformas que faciliten la inversión pública y privada y aumenten la productividad. Basta de hablar de destrabe cuando lo que tenemos que hacer es simplificar y optimizar al máximo las normas”.
En la última reunión anual de ejecutivos CADE 2023, las autoridades desfilaron demandando mayor optimismo por parte de los empresarios. Sin embargo, el problema de fondo de la pérdida de confianza no son razones coyunturales; muy por el contrario, son razones estructurales. Desde 1990 no hemos tenido un periodo tan largo en el que la confianza de los empresarios está consistentemente en terreno negativo; vamos para tres años con fuerte pesimismo empresarial (ver gráfico 1). Por eso, más allá de las necesarias políticas de estímulo de corto plazo, se necesitan verdaderas reformas que faciliten la inversión pública y privada, y aumenten la productividad. Basta de hablar de destrabe cuando lo que tenemos que hacer es simplificar y optimizar al máximo las normas.
Las normas son muy necesarias porque existen riesgos de que los individuos abusen de su poder (por ejemplo, impidiendo la competencia con prácticas monopólicas) o que engañen o estafen a la gente que no tiene conocimiento especializado en algunos temas (por eso existe una superintendencia que protege a los ahorristas). Pero el exceso de regulación impone costos muy altos al sector privado que terminan reflejándose en condiciones desfavorables para la inversión privada.
Para que tenga una idea, estimado lector, de este profundo deterioro, vea el gráfico 2, en el que mostramos el fuerte deterioro en el ranking de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial (que se descontinuó en 2020). En 2006 estamos en el puesto 71 en el mundo y, gracias a un gran esfuerzo de colaboración entre el sector público y el sector privado, se pasó al puesto 36 en 2011. Lamentablemente, ese esfuerzo se dejó de lado y empezamos a perder competitividad y se llegó en 2020 al puesto 76.
A nivel sectorial vemos un crecimiento desproporcionado de la intervención pública. Así, en esa reunión de CADE, el Sr. Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), mostró cómo en solo 10 años los permisos pasaron de 27 a 265. En cada sector hay un aumento desproporcionado de trámites, muchos innecesarios pero que se justifican para la contratación de personal, donde sí hemos hecho un trabajo excepcional. La planilla pública creció entre 2004 y 2022 más de cuatro veces, siendo el peor período el del gobierno del presidente Humala, cuando el crecimiento alcanzó el 71%.
En la mitología nórdica, Jörmundgander era una serpiente monstruosa que se comía todo lo que encontraba. Llegó a ser tan grande que, si se mordía la cola, podía rodear el mundo de los hombres (o Midgard). Así es nuestro Estado, con una voracidad desmedida. El dios Thor se encargó de atraparlo y enviarlo al mar, donde permanecerá hasta el fin de los días (Ragnarök).
Nuestro Thor debe ser una combinación de reformas transversales y sectoriales. En el caso de las reformas transversales, empezar con la meritocracia, construyendo un verdadero servicio civil y limitar el crecimiento del gasto corriente con una buena regla fiscal. En el lado de las reformas sectoriales, hay que identificar muy bien cuáles son los riesgos que queremos reducir y establecer el conjunto mínimo de procesos de obtención de permisos que nos permitan alcanzar ese objetivo.
Por tema de espacio solo comentaré sobre la necesidad del cambio en la regla fiscal para evitar el crecimiento desproporcionado del tamaño del Estado.
La regla fiscal pone ciertos límites al déficit fiscal y al crecimiento del gasto. Durante el gobierno del presidente Toledo, la regla fiscal establecía un límite al déficit de 1% del producto y un tope al crecimiento real del gasto. Como el gasto corriente siempre es políticamente más sensible al gasto de inversión, la inversión termina cediendo al aumento del gasto corriente. En el gobierno del presidente García se cambió la regla fiscal, manteniéndose el tope de 1% de déficit, pero poniendo el techo solamente al crecimiento del gasto corriente; eso permitió llevar la inversión pública de 3% a cerca de 6% del producto. Lamentablemente, en el gobierno del presidente Humala, se eliminó esa protección al gasto de inversión y ya vimos los resultados: un crecimiento desmedido de la contratación en vez de acelerar la infraestructura pública. Solo este cambio te genera una dinámica distinta en el crecimiento de largo plazo.
Nuestro Estado es como Jörmundgander. Si no lo controlamos, terminará comiéndose nuestro futuro y nuestras ilusiones de alcanzar la prosperidad.
