Correo, 28 de mayo del 2026
Clorinda Flores
Ex ministro de Economía propone ir al Tribunal Constitucional porque es necesario mejorar la eficiencia del gasto público y no seguir arriesgando . Coincide con el Consejo Fiscal sobre el deterioro de las finanzas públicas
El ex ministro de Economía y representante del plan económico de Fuerza Popular, Luis Carranza, planteó cerrar las iniciativas de gasto del Congreso, acudiendo al Tribunal Constitucional (TC) a fin de aclarar el papel del Legislativo en esta materia.
En 2022, el TC hizo una interpretación del artículo 79 de la Constitución y dio cierta facultad al Congreso de emitir leyes que generan gastos que están impactando la caja fiscal.
Los gastos no planificados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -en el Presupuesto Público- están generando una carga fiscal a futuro. En la actualidad, los mayores ingresos por el super ciclo de los mejores precios de los metales son superados por los gastos. Es decir, el déficit sigue preocupando.
Según el Consejo Fiscal (CF), las iniciativas del Congreso implicaron (hasta el 2025) un costo fiscal anualizado de S/ 11, 400 millones, considerando el carácter permanente de los pagos, como el aumento de las pensiones de los profesores jubilados, que igual al del maestro en actividad. También el pago de CTS y gratificaciones a los trabajadores CAS.
Eficiencia
Carranza, en declaraciones a RPP dijo estar de acuerdo con el diagnóstico del CF sobre el deterioro de las finanzas públicas y el riesgo de perder el grado de inversión en el 2031. “Ahora hay que controlar el gasto corriente”, afirmó.
Señaló que el problema no pasa en aumentar el gasto público, sino mejorar su eficiencia, que las inversiones se reflejen en beneficio de la ciudadanía.
Hizo hincapié en que los recursos públicos deben llegar realmente a las poblaciones vulnerables y no quedarse en “contrataciones de funcionarios por clientelismo político”.
El economista señaló también que el Banco Central de Reserva debe tener autonomía para que siga manejando la política monetaria con criterios técnicos y no políticos.
También cuestionó la propuesta de Juntos por el Perú, de subir el sueldo mínimo a S/1.500, advirtiendo que tendría serios efectos negativos sobre las pequeñas empresas y la formalidad laboral, que no podrán sostener un aumento de 33% de su planilla.
