Por: Leonie Roca, Presidenta de AFIN
Gestión, 17 de diciembre de 2019
Las personas son la clave del éxito de cualquier organización. Sin talento, reglas organizacionales claras que permitan que este explote sus capacidades al máximo y una cultura que genere un profundo sentido de propósito, ninguna empresa logra el éxito y menos su sostenibilidad.
Esto que parece un mantra en una empresa privada es particularmente cierto en el Estado, donde no hay accionistas, directorios, “tableros de control”, ni otros mecanismos estructurados que promuevan el buen desempeño.
Por ello, cuando hablamos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, debemos priorizar a los seres humanos que lo ejecutarán.
El desafío es grande, más aún si consideramos el reclamo ciudadano por ver resultados pronto y la inmensa cantidad de trabas burocráticas a las que se enfrentan día a día. Estamos hablando de más de 100 mil millones de soles en proyectos priorizados que tienen, en algunos casos, más de una década de retraso en su ejecución.
Funcionarios motivados, escogidos meritocráticamente, con cierta protección de tiempo sin rotación (tres años parece ser un buen periodo) y con remuneraciones competitivas, evaluados permanentemente, con un seguimiento que evite la corrupción, son fundamentales.
El Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión, ministerio a cargo del proyecto priorizado y organismo regulador deben formar parte de esta mesa de cuatro patas que requiere un equipo interinstitucional que comparta códigos e implemente métodos de trabajo colaborativos que garanticen una ejecución oportuna, transparente y eficiente del Plan.
El Consejo Privado de Competitividad (CPC), en su informe para el 2020, incluye un capítulo específico sobre gestión p ú b l i c a y aborda específicamente este tema.
Propone utilizar la Octava Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30057 para permitir la contratación de funcionarios en el marco del régimen del servicio civil, exclusivamente para los puestos de los órganos que tendrán a cargo la ejecución del PNIC.
El documento sugiere, también que SERVIR debería ser, por mandato legal, el que esté a cargo del proceso de selección y de entregar una terna para que la entidad correspondiente escoja. Por último, aconseja que este tratamiento no sea solo de aplicación a los líderes de los equipos sino también a los servidores civiles que los acompañen.
El Poder Ejecutivo ha aprobado recientemente un conjunto de medidas para destrabar las inversiones del PNIC, pero aún no se ha abordado esta reforma institucional sin la cual no será posible darle al plan el dinamismo que requiere. SERVIR está ya creado, tiene políticas implementadas, la capacidad de enfrentar el reto, un liderazgo comprometido en la reforma del Servicio Civil y toda la metodología para desplegarlo. Pongamos pues a prueba su eficiencia en este encargo específico, que involucraría a un conjunto de aproximadamente 100 funcionarios públicos de distintos ministerios. Si funciona, que confiamos que así será, se podría replicar para puestos claves en las instancias descentralizadas que permitan ejecutar las inversiones “complementarias” al plan vía obras por impuestos u obra pública, y así generar un círculo virtuoso de entrega de servicios públicos a la gente.
