Por: Leoni Roca, Presidenta AFIN
Gestión, 5 de febrero de 2021
¿Qué hace falta? Cambiar la ley de adquisiciones, permitir plazos de contratación por periodos largos y optimizar el marco de las APP.
Cuán refrescante sería escuchar propuestas novedosas en esta campaña electoral y no solo expresiones de buenos deseos, particularmente en lo relacionado en formas de ampliar la cobertura y calidad de los distintos servicios públicos sociales más críticos: agua, desagüe, electricidad, salud, educación y conectividad. Desde aquí lanzamos algunas propuestas sencillas de ejecutar y que permitirían obtener resultados muy rápidamente.
Para los servicios sociales, tenemos que migrar en donde sea posible de un Estado que llamaremos “constructor”, que se toma entre dos y ocho años en formular los proyectos de infraestructura y otros tantos en equiparlos y dotarlos de personal y otros recursos, a uno “comprador” de servicios, identificando la demanda o necesidad a atender y los niveles de servicios requeridos en forma previa.
Pongamos un ejemplo que ilustre el caso del agua. Una empresa pública de saneamiento, cualquiera de ellas, tiene que ampliar sus redes, su cobertura o sus plantas de tratamiento. Los ingenieros van y vienen con las propuestas técnicas en esa tortuosa fase llamada “formulación”. Independientemente de si se ejecutara por obra pública, obra por impuestos o una asociación público privada, esta etapa es la que más tiempo toma. Se definen distintas opciones técnicas, distintas ingenierías, los proyectos son vistos y analizados una y otra vez. Normalmente, es tan largo este proceso de formulación, que para cuando se licitan los números estimados e incluso la tecnología, ya cambiaron. Ergo, asumiendo que la licitación no tuvo mayores inconvenientes, la ejecución también resulta complicada, plaga de ajustes y adicionales de obra.
En este mismo caso, esa empresa de agua pudo licitar un contrato a 10 años, por ejemplo, para adquirir determinada cantidad de agua a ser entregada en ciertos puntos y con niveles de calidad predefinidos. Con un contrato a largo plazo, los postores pueden construir infraestructuras privadas que se financian con los flujos del propio contrato, y los tiempos muertos en formulación y ejecución podrían reducirse sustancialmente. Finalmente, lo relevante no es que el Estado acopie activos físicos, sino que el servicio llegue oportunamente y con calidad a las personas.
Lo mismo se puede aplicar a salud, comprando paquetes de servicios hospitalarios, en lugar de concentrarse en construir hospitalarios, en lugar de concentrarse en construir hospitales “públicos” o centros de atención primaria que nunca terminan de estar listos y cuya “puesta en servicio” resulta muy compleja.
La pregunta es: ¿qué hace falta para pasar de constructores a compradores? Pues, cambiar la ley de adquisiciones, permitiendo plazos de contratación para servicios públicos sociales por periodos largos, optimizar el marco de APP y que los sectores tengan definidas las brechas a cerrar.
En telecomunicaciones pasa algo parecido. Hoy el Estado recauda más de 600 millones de soles al año por distintas tasas que aporta la industria de telecomunicaciones. Ese dinero entra al Estado, los funcionarios públicos formulan proyectos, los licitan y recién ahí se gasta el dinero. Cuánto de lo aportado se queda en el camino pagando burocracia es una pregunta relevante, pero lo realmente importante es la eficiencia de este proceso y si realmente resuelve oportunamente el problema de conectividad. La respuesta es no. Los procesos toman años y no ha sido exitosos. ¿Por qué, entonces, no permitir la expansión contra el pago de estos tributos? Hay propuestas del Ministerio de Transportes en esta línea que se tienen que mejorar e implementar.
Son solo dos ideas. Sencillas, fáciles de ejecutar. No suponen una reestructuración profunda de este Estado que ha dado muchas evidencias de ineficiencias. Tienen foco en el servicio, en su calidad y cobertura, en beneficio de la gente. Esperamos que sean de utilidad a los equipos de plan de gobierno.
