Por: Leonie Roca, Presidenta de AFIN
Gestión, 2 de julio de 2019
Nos gustan las buenas noticias, así que mostraremos algunas para repasar qué hacer para extender la calidad y cobertura de servicios básicos para la población.
500,000 asegurados de Essalud están adscritos a dos hospitales que son administrados bajo una asociación público-privada (APP). La empresa construyó y administra los hospitales y es probable que los pacientes estén sorprendidos de recibir sus citas con un diferimiento promedio de 3.5 días y de recibir sus medicinas dentro de las 24 horas. Lo reconocen. La satisfacción va desde 82% hasta 91% en función del servicio, alcanzando su pico en la atención quirúrgica. Essalud estima que el costo del servicio resulta equivalente a aproximadamente el 87% de lo que cuesta gestionar otros hospitales equivalentes.
El Minsa también se aventuró con una APP “bata verde” (servicios de soporte más laboratorio de análisis clínico) para servir al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Los porcentajes de satisfacción alcanzados por los 10 servicios brindados son, en promedio, de 95%. Las pruebas de laboratorio se entregan a tiempo en un 99% de los casos, las órdenes de mantenimiento en 91% y las de infraestructura en 96%. Los servicios tienen certificación de calidad. Seguridad y satisfacción para los pacientes y el personal médico.
Primera lección: ¿por qué no se establece que la regla general es que la nueva infraestructura hospitalaria y de centros de atención primaria se desarrolle vía asociaciones público-privadas “bata blanca”, es decir que incluyan todos los servicios auxiliares y médicos, y que las infraestructuras ya operativas avancen en APP que entreguen los servicios de soporte a terceros?
Segunda lección: las APP pueden incluir también otros servicios públicos, como la logística, las ambulancias, los laboratorios, la alimentación escolar, la facturación de las empresas de saneamiento. La capacidad del sector privado para innovar en tecnología y procesos, y la constatación de que un contrato de APP supone indicadores de gestión, redunda en beneficio de las personas y también de la propia entidad pública.
En la provisión de energía eléctrica, los promedios nacionales muestran más de un 85% de hogares con conexión eléctrica; sin embargo, los déficits en algunas zonas son clamorosos. En los últimos 18 meses, una empresa privada ha instalado paneles solares en más de 120,000 viviendas, más de 800 escuelas y más de 60 postas médicas, con la garantía de que el servicio será repuesto en caso suceda algo y que los paneles serán mantenidos. El Estado, en comparación, solo logró electrificar aproximadamente 20,000 viviendas en 15 años, sin garantía de calidad de servicio ni mantenimiento de las infraestructuras correspondientes.
Por otro lado, una sola empresa ha conectado con banda ancha más de 900,000 hogares en 1,709 localidades, 2,000 instituciones educativas y más de 1,000 centros de salud y 170 comisarías. Desgraciadamente, el fondo que administra estos proyectos no conversa con el de electrificación, lo que hace que el impacto no alcance todo su potencial.
Tercera lección: la inversión en infraestructura social debiera tener criterios similares de focalización territorial e intersectorial para tener mayor impacto. Nuevamente, la calidad en el servicio y el mantenimiento so un valor agregado de recurrir al mecanismo de APP.
El Estado tiene proyectos de colegios, hospitales, proyectos de electrificación y de conectividad en su agenda. Tenemos la evidencia, la experiencia, ya lo hemos hecho y ha funcionado bien. Estado y privados pueden maximizar beneficios en favor de la población. Se esperan señales claras de que así será.
