Por: Leonie Roca, Presidenta de AFI
Gestión, 3 de marzo de 2020
Cuando pensamos en el principal nodo logístico y de servicios del Perú, inevitablemente tenemos que referirnos al Callao, lugar donde se sitúan los dos puertos más importantes del país y el aeropuerto internacional, que sirve de puerta de entrada y salida al Perú. Estas tres infraestructuras sufrirán, además, importantes intervenciones en los próximos años.
Ahora bien, las infraestructuras portuarias y aeroportuarias son básicamente terminales que luego necesitan conectarse con otras infraestructuras para poder brindar servicios adecuados a las personas y a la actividad económica. Así, se necesita contar con redes viales y sistemas de transporte público que las conecten con los lugares de origen y destino de las personas y las mercancías.
Viéndolo así, integralmente, encontramos que también tenemos a la vista proyectos como el Anillo Vial Periférico; la ampliación de la avenida Santa Rosa; la Línea 2 del Metro; la Carretera Central y la Ramiro Prialé. Eso sin contar la necesaria continuidad de la denominada Línea Amarilla (hoy rebautizada como Lima Expresa), que es aún una idea, pero que requiere avanzar para garantizar la calidad de los servicios que se prestarán en el aeropuerto y los puertos.
Esto suena muy bien, pero ¿qué sucede cuando se amplía un puerto o un aeropuerto? Pues que se genera una serie de actividades económicas complementarias, como almacenes, centros de distribución u oficinas logísticas que requerirán de agua potable, manejo de residuos sólidos, más servicios de salud y educación para la población que se desplace a vivir o trabajar a estos lugares. Todo debe ser planificado y atendido.
Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que personas y empresas en el Callao, ya sea que estén alojadas ahí o que desarrollen sus actividades por horas, sufran de una calidad de servicios incluso peor que la que hoy tienen. ¿Quién resarcirá a los habitantes del Callao por un empeoramiento de sus condiciones de vida? ¿Quién les dará explicaciones cuando demoren horas en transportarse porque la ciudad resultó estar más congestionada aún? ¿Quién se hará responsable del impacto que puede tener en el turismo una puerta de entrada colapsada? ¿O para el comercio exterior, una logística que funciona bien en el puerto pero que demanda horas de espera en calles angostas y no adecuadas?
No se necesita leyes para resolver estos temas que son fundamentales para el bienestar de muchísima gente que vive o trabaja en el Callao.
Necesitamos que alguien se apropie del tema, coordine integralmente el área, asuma el liderazgo con visión de futuro y no perdiéndose en los pequeños problemas del día a día. Hoy hay demasiadas autoridades locales, regionales y centrales trabajando sin mayor coordinación. Hay buenos ejemplos, como la gestión de los Juegos Panamericanos. Sí se puede.
Si no lo hacemos desde ahora, no lloremos luego.
Hemos venido impulsando la idea de que se constituya un equipo PMO que permita integrar los distintos proyectos que sabemos que podrían impactar muy positivamente en las personas y en la economía.
Y la Contraloría puede ejercer de entidad dinamizadora si exige que los proyectos se hagan en plazos; que los funcionarios sean diligentes en su seguimiento y que las coordinaciones se produzcan. Hacer mal uso de los recursos públicos no solo es actuar con deshonestidad pidiendo sobornos. También lo es dejar que las cosas se hagan mal por omisión, generando impactos para las personas, la economía y el propio Estado que luego tendrá que asumir estas externalidades de proyectos mal gestionados.
Como ciudadanos, debemos exigir que ciertos temas que son estratégicos y de gran impacto tengan un manejo profesional de primer nivel que permita que la ecuación inversión = empleo = bienestar, sea una realidad.
