Desde hace años me pregunto: ¿Por qué las universidades públicas (y privadas) tienen autonomía y los colegios públicos no? ¿Acaso el rector y equipo ejecutivo universitario es “por principio” profesionalmente más calificado que un director y equipo docente escolar que también tienen licenciaturas y posgrados? (debemos suponer para la comparación que en ambos casos se trata de profesionales con comprobadas calidades profesionales y éticas). Y sin ir tan lejos, ¿por qué los colegios públicos no pueden tener al menos similar autonomía como la de los colegios privados?
La respuesta frecuente posiblemente sea una que señala los reparos: los directores no están bien formados, hay mucha corrupción y compadrazgo en sus decisiones, etc. Pero se escuchan cosas similares de los jueces, fiscales, policías, notarios, funcionarios ministeriales y, sin embargo, todos tienen niveles de autoridad muy superiores a las de un director escolar.
Por otro lado, ¿cómo es posible que se entregue bajo la responsabilidad de los directores de las escuelas públicas la vida, seguridad y educación de 1.000 o más alumnos, pero no se confíe en ellos para intervenir en asuntos curriculares, contratación de profesores o manejo de recursos? Por último, ¿acaso hay alguna evidencia de que el sistema actual, que ata de manos al director, produce buenos resultados, o es más bien todo lo contrario?
Creo que ya es hora de revisar todo eso. Se debe partir de una definición de cómo deberían ser los directores de las escuelas públicas, escogerlos por tener esas características, y empoderarlos dándoles similares prerrogativas a las que tienen los directores de los colegios privados. Los controles de su gestión los pueden hacer a posteriori los propietarios (el Estado), y si la gestión evidencia malos manejos, dar lugar a las acciones judiciales pertinentes. ¿Pero por qué partir del principio de que no hay que darles confianza ni poder a los directores y con eso inmovilizar las energías internas que tiene cada institución para forjar su destino exitoso?
Creo que el Ministerio de Educación haría bien en modificar sus normas siguiendo la dirección señalada. Dar confianza, poder y control a posteriori. El contexto actual de evaluación de directores y nombramientos puede ser una excelente oportunidad para que todos aquellos que una vez evaluados evidencien ser competentes reciban una certificación especial que les permita actuar en un programa experimental de gestión de autonomía escolar. Eso implicaría que gerencien los recursos estatales para el mantenimiento y servicios del colegio, autorizarlos a generar y usar recursos propios, participar con voz y veto en la evaluación de profesores en servicio (para los fines meritocráticos de la ley magisterial) así como asumir la contratación de los profesores nuevos y la eventual solicitud de despido de profesores incompetentes.
Junto a ello yo agregaría una sugerencia para detectar a buenos directores, adicional a las propuestas ministeriales actuales: contratar ‘head hunters’ que detecten en todo el Perú a los directores que actualmente ya son reconocidos por la comunidad educativa a la que sirven por su buen desempeño y conducta ética. A ellos incorporarlos de inmediato en este programa experimental.
Recordemos que peor que ahora no podemos estar, de modo que el riesgo de hacer ensayos innovadores es pequeño, y la posible ganancia sería enorme.
Publicado en El Comercio, 31 de enero de 2014
