Líneas abajo presentamos el Editorial de La Tercera de Chile, que explica que para reactivar la inversión y el crecimiento se tiene que “recuperar certezas jurídicas”, algo que tenemos que entender también en el Perú, después de la pérdida de confianza en el gobierno y en nuestras instituciones.
Editorial
LA TERCERA, 22 de febrero de 2018
Hay coincidencia que uno de los aspectos más negativos que dejará el legado de la Nueva Mayoría [Bachelet] es la fuerte caída que experimentó la inversión y el crecimiento económico. En ambas variables se anotan retrocesos significativos, con registros paradigmáticos. Así, el crecimiento habría alcanzado en 2017 un exiguo 1,6%, lo que ubica a Chile por cuarto año consecutivo con la menor expansión del PIB en el contexto de la Alianza del Pacífico -que además de nuestro país, integran Perú, Colombia y México-, y con el menor crecimiento promedio de todos los gobiernos a partir de 1990. Consecuencia directa de aquello es el desplome registrado en materia de inversión, que al cierre de 2017 habrá anotado cuatro años consecutivos de caída, algo sin precedentes desde que existen registros comparables.
Estos resultados no son fruto del azar o atribuibles solo a un mal momento de las materias primas, sino que responden principalmente a las políticas implementadas bajo esta administración, que terminaron por desarticular buena parte de toda la estructura de incentivos que permitieron al país lograr sus mejores tasas de crecimiento y superación de la pobreza extrema como nunca antes en su historia. La reforma tributaria, diseñada inicialmente para financiar los mayores gastos que erogaría la política de gratuidad en la educación, implicó que a nivel OCDE Chile quedara como el país que experimentó el mayor incremento en sus tasas de impuestos corporativos, poniéndose, además, en contra de las tendencias globales, que avanzan hacia estructuras tributarias más livianas.
Pero probablemente el factor que más ha resentido la inversión en el país es el ambiente de incertidumbre que se produjo ante un marco regulatorio que se ha vuelto discrecional e incapaz de generar certezas, con una relativización del derecho de propiedad -base fundamental para que una economía pueda progresar- que hace complejo proyectar inversiones de más largo plazo.
El nuevo gobierno es consciente del daño que se ha causado a los pilares fundamentales para sostener el crecimiento, y ha asumido el compromiso de corregir aquellos aspectos que más dañan la confianza de los inversionistas. En ese sentido, las señales que ha dado el futuro ministro de Economía han sido auspiciosas, que ya implican un tono muy distinto de lo observado hasta hora. Según explicó en entrevista con este medio, se hizo un catastro en que se detectó un total de 850 proyectos -que suponen un monto de inversión de US$ 74 mil millones- que tienen su tramitación ambiental avanzada, y el plan es darles viabilidad en la medida que cumplan con lo que la ley exige.
Es acertado que, tal como indica el futuro secretario de Estado, para reactivar la confianza de los inversionistas se recupere el principio de que “el fruto de su esfuerzo no será expropiado”, y que exista la voluntad para que los distintos estamentos del Estado funcionen coordinadamente, para que las tramitaciones ambientales se hagan dentro de los plazos establecidos. El Estado, efectivamente, no debe asumir un rol discrecional de impulsar ciertos proyectos en desmedro de otros, sino dejar que la institucionalidad y las señales de mercado resuelvan cuál iniciativa es finalmente viable, todo en un marco de normas claras.
