Por Juan Mendoza
(Perú 21, 10 de octubre de 2015)
La fortaleza macroeconómica de nuestro país es innegable. El Perú sigue creciendo por encima de Chile, Colombia y México, mientras que Brasil, Venezuela y Argentina se contraen. Pero mantener el crecimiento requiere reanudar las reformas económicas paralizadas.
El Perú de hoy es vastamente distinto al de 1990. Gracias a las reformas de mercado de hace dos décadas, hemos más que doblado nuestro ingreso per cápita, aumentado la productividad, multiplicado el valor y diversidad de nuestras exportaciones, y atraído decenas de miles de millones de dólares de inversión extranjera. La libertad económica funciona. Pero nos estamos durmiendo en nuestros laureles. Hay un anquilosamiento evidente en las reformas económicas en los últimos quince años.
Tenemos que abandonar la absurda rigidez de nuestra legislación laboral para extender la cobertura de los derechos laborales a los millones de peruanos que viven en la informalidad. Hay que reformar las pensiones para que las AFP tengan el incentivo a ser eficientes. Estamos en la obligación de erradicar la anemia y la desnutrición infantil, aplicando las recetas de eficacia comprobada de gobiernos anteriores.
Pero, sobre todo, es fundamental reformar el sistema nacional de inversión pública. El sistema es un obstáculo a los proyectos productivos y de infraestructura local, esos que tantos beneficios traen a la economía rural, como lo demuestran los trabajos de Richard Webb. Por el contrario, el sistema deja las puertas abiertas al dispendio de fondos públicos en elefantes blancos con rentabilidad social negativa, como la refinería de Talara, la Interoceánica o el Gasoducto del Sur.
No podemos seguir financiando, directamente o a través de garantías públicas, proyectos disparatados. ¿De qué nos sirve nuestra arduamente ganada solvencia fiscal cuando malgastamos los recursos en este tipo de aventuras? La refinería es una sinrazón de pies a cabeza. La Interoceánica costó tres veces su presupuesto original y es un monumento a la ineficiencia. El costo del gasoducto superará la friolera de los 7,000 millones de dólares. Sin embargo, según el ex presidente Alan García, el presupuesto en el 2011 era de 1,330 millones de dólares y no contemplaba una garantía pública, es decir que no iba a subir nuestros recibos de luz como sí lo está haciendo ahora. Un escándalo.
El Perú está vestido. Pero hay muchos que quisieran verlo calato. Defendamos nuestro camino a la prosperidad reformando de una vez el sistema de inversión pública.
