Juan Carlos Odar
Para Lampadia
Hace algunas semanas, antes de ser nombrada, la actual Ministra de Economía mencionó -sin dar detalles- que la recaudación podría mejorar si se redujeran las exoneraciones tributarias, otorgando a cambio otro tipo de beneficio a quienes las perdieran. Este artículo sugiere un tipo de beneficios que podría otorgarse.
Pensemos idealmente en que se eliminaran sólo dos exoneraciones del IGV: a los productos agrícolas y a la Amazonía. Ello implica, sin considerar la elasticidad precio de la demanda, que el gasto asociado a estos bienes se podría incrementar 18% con respecto al actual. La propuesta radica en que ese mayor gasto cuente como un aporte de quien lo realiza a una cuenta de capitalización individual propia y con fines previsionales.
Supongamos para el caso de la exoneración de IGV a alimentos que el gasto mensual actual de un individuo en bienes actualmente exonerados fuera de S/ 400. Éste es un monto conservador dado un promedio nacional de ingreso de S/ 1,371 (reportado por el INEI para 2016), y los supuestos de que la familia no ahorra, gasta en alimentos 45% de su ingreso y que -de ese gasto- la tercera parte son alimentos exonerados de IGV. Ello implica que anualmente la persona podría aportar S/ 1,080 con fines previsionales por esta vía. Lo interesante es que mientras más joven sea la persona, mayores recursos podrá generar para su jubilación. Supongamos que la rentabilidad promedio anual fuese de 2% en términos reales. Una persona que entre a este esquema a los 50 años podría tener tras su jubilación -bajo una renta vitalicia- una pensión de S/ 98, monto 9% superior al que ahorró mensualmente. Pero si entrara a este esquema a los 30 años, aspiraría a una pensión de S/ 284, más que triplicando el aporte realizado.
Esta propuesta está orientada sobre todo a aumentar el ahorro previsional en la clase media, específicamente en los independientes que no dedican recursos a dicho fin. Las personas de mayores ingresos usualmente son formales y con alta capacidad de ahorro, de modo que las pensiones generadas por esta vía serían muy probablemente menores a las logradas a partir de aportes laborales. Por su parte, las personas de bajos ingresos tendrán montos de gasto insuficientes para construir una pensión bajo este esquema, pero cuando lleguen a su edad de jubilación serían atendidos bajo Pensión65, aunque buscando que los futuros pensionistas de este programa conozcan los beneficios del ahorro previsional y aporten cada vez más a su propio fondo.
Claramente puede haber un rechazo inicial, ya que se generaría un salto inicial en los precios, lo que tendría una alta incidencia inflacionaria. Ello sugiere que el retiro de la exoneración se implemente progresivamente y bajo supervisión continua para moderar subidas no justificadas de los precios.
Por otro lado, la experiencia reciente, cuando se estableció el régimen de aportes previsionales obligatorios para independientes muestra que el ahorro con dichos fines es poco valorado por los futuros jubilados. Ello lleva a preguntarse si ese resultado se debe solamente a que los trabajadores perciben su jubilación como algo tan lejano que no valoran dedicar recursos para dicho fin o si es que ello se debe a que el público no valora a las administradoras de fondos previsionales (lo que a su vez tiene que ver con la idea generalizada de que siempre ganan pero no comparten sus resultados con los afiliados, de la cual por cierto no han hecho grandes intentos por alejarse), por lo que cabría una definición previa del organismo que centralice dichos aportes. En cualquiera de los dos casos (baja competencia o falta de información), se trataría de fallas de mercado, lo que indica que la propuesta debe complementarse con un papel activo y continuo del Estado para subsanarlas.
