Juan Carlos Mathews
Expreso, 5 de agosto del 2026
Con frecuencia se afirma que el modelo de economía social de mercado prioriza el crecimiento económico por encima del bienestar de la población. La evidencia demuestra lo contrario. Precisamente, uno de sus mayores logros ha sido traducir el crecimiento en una reducción sostenida de la pobreza, reconociendo que el principal motor del desarrollo es la actividad empresarial privada, pero que el Estado cumple un papel indispensable para asegurar que sus beneficios lleguen a toda la sociedad.
Las cifras del Perú son elocuentes. Entre 2004 y 2019, la pobreza monetaria se redujo del 50,2 % al 20,5 %, una caída cercana a treinta puntos porcentuales. La pandemia interrumpió ese proceso y elevó nuevamente el indicador hasta alrededor del 30 %. Aunque desde entonces se ha registrado una recuperación, la pobreza aún alcanza al 25,7 % de la población.
Sin embargo, sería un error limitar el análisis únicamente a la pobreza monetaria. Hoy resulta indispensable incorporar el concepto de pobreza multidimensional, que considera también el acceso a servicios de calidad en salud, educación, agua potable, saneamiento, conectividad y vivienda. En otras palabras, el verdadero desarrollo no consiste solo en aumentar los ingresos, sino en mejorar efectivamente la calidad de vida de las personas.
Existe otra confusión frecuente. La economía social de mercado no propone dejar todas las decisiones en manos de la oferta y la demanda. El Estado tiene responsabilidades claramente definidas. Debe promover la actividad empresarial mediante instituciones como PromPerú o ProInversión; facilitar la inversión a través de la simplificación administrativa y la digitalización de sus servicios; y regular adecuadamente los mercados mediante organismos como Indecopi, Sunat o Sunafil, garantizando la competencia y reglas claras.
El problema aparece cuando el propio Estado no logra cumplir ese papel. La corrupción, la ausencia de meritocracia y la limitada capacidad de gestión terminan traduciéndose en servicios públicos deficientes y en la persistencia de brechas sociales que afectan especialmente a las regiones más pobres.
Un ejemplo ilustrativo es el de las regiones mineras. La minería formal aporta importantes recursos mediante el canon y las regalías, pero muchas de esas zonas continúan registrando elevados índices de pobreza. Con frecuencia se responsabiliza a las empresas por esa realidad, cuando la pregunta de fondo debería ser otra: ¿cómo se han utilizado esos recursos públicos?
La respuesta pasa por fortalecer la gestión. En primer lugar, resulta indispensable definir previamente el destino de esos recursos, priorizando inversiones en salud, educación, agua potable e infraestructura básica. En segundo término, el Gobierno central, con el apoyo de las universidades, debe fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos regionales y locales para formular y ejecutar proyectos de calidad.
Finalmente, sería conveniente crear comités regionales integrados por el sector público, la empresa privada y la academia para realizar un seguimiento permanente de los indicadores de competitividad y desarrollo, siguiendo experiencias exitosas como las de los Comités Regionales de Exportación (CERX).
El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de retomar la senda de crecimiento que permitió reducir la pobreza durante las últimas décadas. El objetivo de eliminar la pobreza extrema y reducir significativamente la pobreza general es alcanzable, siempre que el crecimiento económico vaya acompañado de mejores instituciones y de una gestión pública eficiente.
Los programas sociales deben concentrarse en quienes realmente los necesitan: la población en extrema pobreza. Para el resto de los peruanos, la mejor política social seguirá siendo una economía dinámica, capaz de generar empleo, inversión y oportunidades. Y ello exige fortalecer los cinco motores del crecimiento: la inversión pública, la inversión privada, las exportaciones, el turismo y el consumo interno.
