Juan Carlos Mathews
Expreso, 8 de abril del 2026
Una familia o un individuo deben preocuparse, por obvias razones, de que sus gastos no superen sus ingresos. Es cierto que, en determinados momentos, esto puede ser inevitable, lo que obliga a recurrir al endeudamiento. Sin embargo, ello debe hacerse con extrema prudencia, priorizando gastos y estableciendo límites claros. Lo mismo ocurre con un país.
Se habla de déficit fiscal cuando el gobierno gasta por encima de lo que logra recaudar a través de impuestos y otras fuentes de ingreso. Este desequilibrio obliga a financiar la diferencia mediante endeudamiento —principalmente a través de la emisión de bonos— o, en algunos casos, utilizando reservas.
El Estado obtiene recursos de diversas fuentes: impuestos a ciudadanos y empresas, ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales como el petróleo, y financiamiento tanto interno como externo. Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue siendo ampliar la base tributaria. En el Perú, la informalidad laboral se mantiene entre las más altas de América Latina, alcanzando aproximadamente el 71 % de la población ocupada. Esto equivale a cerca de 13 millones de personas sin acceso a beneficios sociales. En zonas rurales, esta cifra puede superar el 90 %, siendo los jóvenes entre 14 y 24 años los más afectados. Asimismo, la informalidad impacta con mayor fuerza a las mujeres (73 %) que a los hombres.
En este contexto, constituye un avance la aprobación de la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040. Pero no basta con aumentar los ingresos. También es indispensable ejercer disciplina en el gasto. Tanto el gasto corriente —remuneraciones y bienes— como el gasto de capital —inversión en infraestructura— requieren un manejo responsable. La palabra clave es priorización.
El déficit fiscal en el Perú cerró el 2025 en 2.2 % del PBI, una mejora respecto al 3.4 % registrado en 2024. A febrero del presente año, se ubica en 2.1 %. Si bien los ingresos han mostrado una recuperación, persisten presiones importantes por el lado del gasto: incremento del gasto corriente, riesgos de gastos no previstos (estimados en S/ 6,500 millones) y la continuidad de los rescates financieros a Petroperú.
El Consejo Fiscal ha advertido sobre las consecuencias de mantener esta presión, cuestionando al menos 11 leyes aprobadas por el Congreso que comprometen el equilibrio fiscal y podrían generar recortes en otros sectores. Entre ellas se incluyen el incremento de pensiones para militares y policías (con un impacto estimado de S/ 15,000 millones), nuevas escalas para docentes jubilados y la ampliación de beneficios para trabajadores bajo el régimen CAS.
Cada norma con impacto fiscal debería sustentarse en un análisis técnico riguroso y contar con respaldo presupuestal. En ese sentido, el Consejo Fiscal ha atribuido responsabilidad tanto al Congreso, por aprobar estas iniciativas, como al Ejecutivo, por no haberlas observado oportunamente o por no haber utilizado los mecanismos legales disponibles para frenar su implementación.
El nuevo gobierno que asumirá el próximo 28 de julio deberá enfrentar este escenario con claridad y responsabilidad. Durante la campaña electoral se han escuchado múltiples propuestas que, en muchos casos, resultan inviables desde el punto de vista fiscal. El desafío no es menor: mantener el equilibrio de las cuentas públicas sin frenar el crecimiento ni descuidar las necesidades sociales.
Porque, al final, el déficit fiscal no es solo un número en las cuentas del Estado. Es una señal de disciplina —o de desorden— en la conducción económica del país.
