José Luis Gil
Perú21, 22 de octubre del 2024
«Lo que jamás dicen es que es deber constitucional de las fuerzas del orden repeler el ataque armado a determinados activos críticos —según la ONU atacar un aeropuerto es un acto de terrorismo, entre otros— y de restablecer el orden interno».
La Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 12, dice claramente que todas las personas tienen derecho a “reunirse pacíficamente sin armas”; asimismo, continúa el texto: “Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas”. Es claro, entonces, que el requisito sine qua non es que las marchas sean pacíficas y sin armas. Sin embargo, esta norma se transgrede siempre con impunidad por quienes creen que la violencia, la destrucción o la muerte son un derecho, y eso debe terminar.
Durante muchos años, la izquierda radical y la progresía, “expertas” en promover marchas violentas que ahora encubren con la frase “el pueblo se ha autoconvocado”, procuran que la población se enfrente a las fuerzas del orden y que de esto resulten muertos y heridos, con el único propósito de perseguir feroz y eternamente a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Lo que jamás dicen es que es deber constitucional de las fuerzas del orden repeler el ataque armado a determinados activos críticos —según la ONU atacar un aeropuerto es un acto de terrorismo, entre otros— y de restablecer el orden interno.
Hasta hoy, jamás los promotores y ejecutores de las marchas se han hecho responsables de los daños a la propiedad pública y privada ni de los ataques a la integridad física o la vida de los efectivos de orden. Siempre han actuado con impunidad, teniendo como principales “aliados” a la oscuridad de la noche, los rostros cubiertos, las falsas identidades y a un Estado y una justicia “boba”, e inclinando siempre la balanza de la responsabilidad a un solo lado, el de los custodios del orden.
Por eso, hoy planteamos que las autoridades prohíban que la participación en marchas sea con rostros cubiertos o con armas de cualquier tipo; que se hagan responsables las instituciones o entidades, o personas influyentes que las promueven (como una desaforada y amenazante ‘dizque’ artista que tira las piedras desde el extranjero); y que sean también los padres o tutores de los alumnos de la educación secundaria o universitaria quienes asuman los gastos de los destrozos, bajo penalidad de ser considerados, además, en las centrales de riesgo o vetados para acceder a la administración pública o privada en el futuro. Medidas radicales, señores, medidas radicales.
Ni el Estado ni la sociedad peruana debemos tolerar hordas violentistas que provengan de algunas instituciones o del silencio cómplice de los padres o tutores, y mucho menos que desaten la violencia contra la propiedad pública o privada, o la vida de los custodios de la ley. Estamos seguros de que estas iniciativas contarán con el apoyo de todos los ciudadanos para terminar de una vez por todas con la eterna impunidad en las marchas violentas. ¡Sí se puede!
