Por: José Luis Gil
Perú21, 14 de marzo del 2024
Hemos planteado además que el EE sea total (y no parcial) en algunas regiones, consensuado con gobernadores y alcaldes.
La designación del nuevo premier Gustavo Adrianzén generó expectativas en todos los sectores debido a la preocupación ciudadana, principalmente por el tema de la inseguridad. Adrianzén llegó sin un gabinete bajo el brazo y habría apostado por la estrategia de “nadie se mueva” para dar muestras de estabilidad en el Gobierno. Esto puede ser legítimo, pero no sabemos si es conveniente. Desde ya corren los días que faltan para pedir el voto de investidura al Congreso debiendo presentar o un gabinete remozado ante la demanda de todos los sectores de la población o mantener a los mismos con resultados discutibles. Si lo segundo no sucede quedaremos a expensas de la muñeca política del premier para que el encuentro (sino choque) con los parlamentarios no termine en una sangría política y el Gobierno salga magullado.
Resultan inquietantes, por decir lo menos, los mensajes públicos del premier en el sentido que Lima “no necesita” estado de emergencia (EE) y que todo anda “bien” en los predios de Corpac. Al respecto, desde esta columna hemos dicho que el fracaso del EE es por falta de estrategia y por la aplicación incorrecta de este instrumento.
Hemos planteado además que el EE sea total (y no parcial) en algunas regiones, consensuado con gobernadores y alcaldes, con una potente estrategia comunicacional, y operaciones policiales de persecución sin descanso contra los criminales.
También que se debe implementar en tiempo récord cárceles transitorias (con la fórmula obras por impuestos) y pedir al Congreso que derogue toda norma de “despenalización” que incide en la criminalidad. El objetivo estratégico debería ser fracturar la columna vertebral de la impunidad en autoridades y criminales. Con eso nos moveríamos del punto muerto en el que estamos hasta hoy.
Planteamos que el Gobierno debería aprovechar las habilidades del canciller Javier González-Olaechea, quien seguramente podrá explicar a sus pares de la región la necesidad de una medida radical para combatir el fenómeno criminal que es transversal a todos los países.
No olvidemos que ya ha habido reuniones del canciller con sus pares vecinos sobre ese tema y hay harto interés de ellos en un trabajo en conjunto, con lo cual, una “condena” al EE sería lejana y poco probable.
Finalmente, no sabemos lo que pasará hoy en el Congreso con el ministro Torres, pero lo más probable es que los 105 parlamentarios que firmaron la moción de interpelación no estén dispuestos a soportar la presión de los ciudadanos ni de las estadísticas y puedan censurarlo sin miramientos.
¿Valdrá la pena llegar a ese punto? Un cambio sería saludable y enviaría un gesto de magnanimidad y voluntad política que contribuiría a calmar las movidas aguas de la política peruana y abrir camino hacia nuevas estrategias para la lucha contra la criminalidad en beneficio de todos los peruanos. Éxitos. Sí se puede.
