Por: José Luis Gil
Perú21, 4 de Agosto del 2022
El Ministerio Público y el Congreso de la República vienen investigando al promiscuo presidente y su círculo cercano.
El caso de Pedro Castillo viene siendo escrutado con diversas ópticas para encontrar la verdad y por qué sucedieron estos hechos. Se le analiza desde el plano ideológico como operador funcional de Sendero Luminoso que juega al “maoísmo” soterrado para mantener una “unidad” de izquierda a su servicio, en lo político por pertenecer a una coalición radical, y en el plano psicológico para establecer si es un mitómano irrefrenable que se aprovecha de las circunstancias, entre otros tópicos. Complejo resultó el chotano.
Sin embargo, consideramos necesario ver el tema desde la perspectiva de la sociología, invocando teorías como las del sociólogo Max Weber, quien refiere, en líneas generales, que “el patrimonialismo” es el sistema de dominación familiar y que es una proyección del abusivo patriarcado que dominó la civilización antigua. Dice, además, que los sujetos consideran la concentración del poder fusionando lo público con lo privado y que esto lo usa para su beneficio personal. Estos regímenes, dice Weber, son autocráticos u oligárquicos, excluyen la clase media y alta, y los ejércitos de estos son leales al líder y no a la nación. Si no, miremos los “ejemplos” de Fidel Castro, Chávez, Maduro y otros.
Por otro lado, Nathan Quimpo, politólogo de la Universidad de Tsukuba, define el patrimonialismo como “un tipo de regla en la que el gobernante no distingue entre patrimonio personal y público, y trata los asuntos y recursos del Estado como su asunto personal”. Como vemos, Pedro Castillo armó sus redes de poder con sus familiares y paisanos favoritos, con la finalidad de usar al Estado a su manera, y cambiar las normas legales establecidas para asignar cargos para sus preferidos eliminando obstáculos legales. Toda una “joyita”.
El Ministerio Público y el Congreso de la República vienen investigando al promiscuo presidente y su círculo cercano por los delitos de tráfico de influencias –art. 400° CP con pena máxima de 8 años–, organización criminal –art. 317° CP con penas de 15 a 20 años si es líder– y colusión agravada –art. 384° CP, con 15 a 20 años– (por Org. Crim.). No olvidemos que entre todas suman 48 años de cárcel, algo que los adulones instigadores del “patrimonialismo” de Pedro Castillo le ocultan de manera flagrante para mantener sus privilegios y beneficios. Espíritus míseros.
Esperamos que el Congreso en su posición jurídica para la vacancia, así como la Fiscalía de la Nación en su teoría de caso y en sus ponencias ante el Poder Judicial puedan utilizar el concepto sociológico de “patrimonialismo” como parte de un comportamiento gubernamental que lo convierte en incompetente e incapaz para seguir ejerciendo las riendas del país. Por eso, no necesitamos un nuevo gabinete, sino ¡exigimos un nuevo presidente! ¡Sí se puede!
