Por: José Luis Gil
Perú21, 21 de setiembre del 2023
Esta es una buena oportunidad para que los alcaldes muevan sus recursos, adquieran cámaras de última generación.
Los altos niveles de inseguridad en el país nos llevan al peligroso terreno del pánico y la oclocracia. Alcaldes como Rafael López Aliaga, de Lima; Carlos Canales, de Miraflores; Jesús Maldonado, de San Juan de Lurigancho; y Hernán Sifuentes, de San Martín de Porras, entre otros, han pedido, casi al unísono, que sean las Fuerzas Armadas las que se hagan cargo de la lucha contra la criminalidad, ante la falta de resultados. Es notorio entonces que recurrir a la presión de la calle revela ignorancia del fenómeno y falta de estrategia para neutralizarla. Craso error.
Al parecer es muy difícil que las autoridades entiendan que nos enfrentamos a la evolución y crecimiento del crimen transnacional, el imperio de la impunidad en el circuito de justicia y falta de estrategias e inversión en inteligencia policial. Como es obvio, prefieren “pinchar” por cualquier lado al toro, que tomarlo por las astas. No se trata de jugar al ‘gran bonetón’ con una ‘papa caliente’ y lanzarla al vecino para evadir sus propias responsabilidades. Evidentemente, esto cuestiona gravemente a los equipos técnicos de las municipalidades y también del gobierno de la presidente Dina Boluarte.
Si bien es cierto que la declaratoria de emergencia en algunos distritos de Lima y provincias de Piura dictada por el Gobierno es una medida positiva, pero parcial, también lo es el hecho que el efecto “globo” (desplaza el problema al otro lado) podría jugarles en contra. Poner a las FF.AA. en las calles es un error. Los militares tienen otra misión y tareas pendientes con la defensa nacional. A ellos hay que respetarlos dejando que cumplan su misión constitucional, y no exponerlos al escarnio ciudadano o de sectores ideológicos y políticos, interesados siempre en sus errores, para perseguirlos toda una eternidad. Ni siquiera decir que son “operaciones psicológicas” (no planeadas aún) resiste mayor análisis.
Esta es una buena oportunidad para que los alcaldes muevan sus recursos, adquieran cámaras de última generación, vehículos y entrelacen sus centrales de comunicación, o emitir ordenanzas municipales que obliguen a los negocios de licencia especial a atender no más de las 2 de la madrugada, con tolerancia cero para venta y consumo de alcohol, reordenar el transporte público, el uso de motocicletas, comprar equipos electrónicos que bloqueen las comunicaciones en los penales de Canto Grande y Lurigancho, promover módulos de flagrancia y juzgados de tránsito, solicitar y coadyuvar en la creación de una gran Unidad Policial de Inteligencia contra el crimen. Ese es el camino.
No nos equivoquemos ni en el diagnóstico ni en las estrategias. No es falta de efectivos policiales, sino la falta de un shock de inversiones en la punta de lanza de la estrategia, la inteligencia operativa policial, que el Gobierno debe dar en el más breve plazo posible. Por eso a todos les hacemos recordar una famosa frase: “Pálidos, pero serenos”. Sí se puede.
