Por: José Luis Gil
Perú21, 23 de mayo del 2024
Esperamos que pronto el Congreso apruebe las normas que devuelven la investigación a quien constitucionalmente le corresponde, a la Policía Nacional del Perú.
La fiscal Marita Barreto ha dicho que los investigados por ella deben probar su inocencia. Esta frase tiene una implicancia jurídica sin precedentes debido a que va contra el espíritu de legisladores que, claramente, tuvieron como premisa que la inocencia se presume y la culpabilidad se demuestra. Parece ser que la magistrada intenta crear un nuevo sistema jurídico: el sistema según Marita.
Pero, ¿cuál es la razón de semejante yerro de la fiscal Barreto dicho públicamente? Lo que creemos es que no existe solvencia en el campo académico que se traduce en una serie de actuaciones desde el campo de la llamada “dirección de la investigación” del Ministerio Público, muchas de las cuales se han transformado en monumentales fracasos, y por qué no, en abusos, contra quienes han tenido el infortunio de sufrir el “castigo” de sus resoluciones que los han llevado a la cárcel sin más ni más.
El caso del coronel PNP ( r) Benedicto Jiménez Bacca, líder del GEIN histórico que capturó a Abimael Guzmán en 1992 es emblemático.
Perseguido implacablemente por la señora Barreto, sin derecho a “presumir de su inocencia”, capturado de manera humillante, sometido al escarnio mediático, encarcelado injustamente y sin que la Fiscalía haya podido probar —hasta ahora— su culpabilidad, sin tener un mínimo de consideración de quien le dio la paz al país.
La “rimbombante” acusación de “organización criminal”, algo jamás probado contra el héroe de la patria, se basa solo en un par de publicaciones en un medio de comunicación, incluso, como IDL.
La última derrota de Barreto, la liberación del hermano de la presidente Dina Boluarte y de su abogado Mateo Castañeda, ha dejado en evidencia el “malhumor” de los jueces quienes han demostrado que el caso presentado es incipiente, donde se habrían saltado o tomado sendas no convencionales para arribar a un mandato de detención. No decimos que estas personas sean inocentes, no nos corresponde, sin embargo, este apresuramiento tiene una sola explicación: se cambia la metodología de investigar para detener por detener para investigar.
Claro, lo anterior se deriva de saber a un Ministerio Público que funge de “director de la investigación”, cuando en la práctica quienes hacen toda la parte operativa son los policías adscritos quienes creen que disparando oficios a cuanto parroquiano se les cruce en el camino o “figureteando” en las cinematográficas capturas o “roturas” de puertas, se “descubre” los delitos, y, como todos los investigadores sabemos, eso no es así.
Es por eso que esperamos que pronto el Congreso apruebe las normas que devuelven la investigación a quien constitucionalmente le corresponde, a la Policía Nacional del Perú, equilibrando el escenario y quitándole el protagonismo pernicioso a la Fiscalía que ahora pide que los ciudadanos “probemos” nuestra inocencia, sin hacer su trabajo de probar la responsabilidad. ¡Basta ya!
