José Luis Gil
Perú21, 9 de enero del 2025
«Nos debe llamar a preocupación porque sería uno de los objetivos de los delincuentes: someter al poder político local».
Desde hace buen tiempo hemos advertido las características sui generis de la “marea negra” del crimen que ha llegado al Perú como son el Comando Vermehlo, la Familia del Norte y el Primer Comando Capital, todos del Brasil; el Tren de Aragua de Venezuela; Los Choneros y otros de Ecuador (que están tomando posición en la zona norte del país con el tema de la minería ilegal que algunos políticos se empeñan en proteger), las “disidencias” de las FARC y el ELN de Colombia y las organizaciones de narcotraficantes de México, entre otros.
Si bien hay aciertos y sacrificios de la Policía Nacional del Perú que hacen su trabajo (por ello hay, según INPE, un crecimiento de 300% de internos de nacionalidad venezolana) y que sacan de las calles a los indeseables, hay que tomar en consideración que estos no son pocos, sino que escudados en la migración humanitaria huyendo del régimen del sátrapa Nicolás Maduro, quien al parecer los soltó masivamente de las cárceles llevándolos a la frontera y prohibiéndoles el ingreso a Venezuela bajo amenaza de atentar contra sus familias, se han desplazado por todo Sudamérica y en especial al Perú.
Sumado a eso, los criminales se han “reorganizado” y desarrollan sus actividades con tres objetivos definidos: el dinero circulante del comercio informal en una primera parte y luego irían por la pequeña, mediana y gran empresa; el control territorial para “liberar” territorios que puedan dominar (como estaría pasando en Ayabaca y Pataz – La Libertad); y el poder político para poder dominar desde los poderes y convertir al país en un narcoestado o Estado del crimen. Hay que tomar en serio esta secuencia, contraste usted, amigo lector, lo que hoy planteamos con la realidad y saque sus conclusiones.
Es por eso este segundo ataque a la casa del alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, con una granada de mano en los días pasados, así como el ataque al regidor Miguel Pajares de Casagrande en Ascope – La Libertad. Nos debe llamar a preocupación porque sería uno de los objetivos de los delincuentes: someter al poder político local. Esto se va a repetir y es realmente muy peligroso dejar crecer este fenómeno.
Estamos en un año preelectoral y en 2026, año de las elecciones, saldrán miles de candidatos a querer ganar las elecciones con el legítimo discurso de “lucha contra el crimen”; sin embargo, esto les puede costar la vida si los criminales no logran reclutarlo o persuadirlo para que abandone las elecciones, o finalmente acabar con su vida para darle paso a su “candidato” electo por el crimen. Esta es una situación muy peligrosa, es por eso que se deben tensar todas las acciones del Estado, la empresa privada, las organizaciones civiles y los ciudadanos para enfrentar este futuro incierto que se viene. Sí se puede.
