José Ignacio Beteta, Director Gerente de Contribuyentes por Respeto
El Comercio, 23 de abril de 2016
Narra un famoso cuento suizo que, obligado por un malvado gobernador, Guillermo Tell tuvo que acertar con su flecha a una manzana colocada en la cabeza de su hijo –el niño se había negado a arrodillarse frente a la autoridad–. El mítico héroe no solo acierta, salvando a su pequeño, sino que abate al tirano y da inicio a la que luego sería la lucha final por la independencia de su pueblo.
Hace unos días la Comisión de Defensa del Consumidor (digamos, nuestros Guillermo Tell reunidos), aprobó el proyecto de ley del congresista Luis Galarreta que pretende modificar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la cerveza, estableciendo un cobro fijo del 30% sobre su valor de venta y poniéndole un tope de producción anual a las artesanales para que se libren del nuevo esquema.
Según dicha comisión, el actual sistema no permite que los pequeños compitan con los grandes, mientras que el nuevo facilitaría el desarrollo de productos más baratos para sectores más populares. Nuestros congresistas apuntan mal: no se trata ni de salvar a pequeños ni de vencer a grandes, tampoco de llegar al pueblo con más cerveza.
El ISC a las bebidas alcohólicas no fue diseñado para promover la competencia. Este busca que los productores de licor asuman parte de las externalidades que genera el consumo de sus productos: violencia familiar, daños en la salud, delincuencia o inseguridad ciudadana. Para este fin, el mejor impuesto es aquel que toma en cuenta no solo el precio, sino el grado de alcohol de la bebida.
Por otro lado, si se cree que alguna empresa está imponiendo barreras ilegales a la competencia, para eso está el Indecopi. No se necesita una ley que altere la política fiscal. El competidor afectado tiene todo el derecho de usar los canales que dicha institución le ofrece.
Además, existe un portafolio cada vez más robusto de marcas de cerveza que no necesariamente compiten entre sí. Artesanales o industriales, todas van ganando su propio mercado. Bajo el esquema que se pretende implementar, los productores artesanales serían tratados de forma distinta cuando el producto que venden trae consigo las mismas externalidades y los mismos riesgos. ¿Excluirlos de esta ley confirmaría acaso su carácter populista o (quizás) su nombre propio?
Finalmente, parece mucho más importante apuntar las flechas a una adecuada fiscalización y a una mejor educación. ¿Cuánto hace el Estado para fiscalizar la venta de productos informales? ¿Cuántas campañas educativas implementa para enseñar a los consumidores los efectos que puede causar el alcohol informal en la salud y cómo distinguir los productos formales de los informales?
De hecho, existe una iniciativa que vale la pena mencionar. En diciembre del 2015 se conformó la Comisión de Lucha contra el Contrabando y la Piratería y, con ella, la Mesa de Lucha contra los Alcoholes Ilegales. Esta mesa reúne a varias entidades públicas que sí apuntan sus flechas al verdadero objetivo: combatir el consumo de alcohol ilegal y fomentar una cultura de formalidad.
Flaco favor le hace Galarreta a Keiko Fujimori, ahora su candidata. Lamentablemente nuestros políticos quieren convertirse en héroes todos los días, pero no tienen ni la mitad de la puntería ni el ingenio del legendario Guillermo Tell. Lampadia
