Por: Jorge Yzusqui
Perú21, 14 de febrero de 2020
Según el reporte de Iniden, la estadística muestra que entre 1998 y 2019 la participación privada en educación básica regular subió casi nueve puntos porcentuales a nivel nacional y 15 puntos en Lima Metropolitana. A nivel nacional, el sector público tiene casi 6 millones de alumnos en sus aulas y el sector privado poco más de 2 millones, lo que significa una participación privada de 25.5% a nivel nacional y 45.5% en Lima.
Estas cifras, 25.5% y 45.5%, nos muestran la importancia de la educación privada en el país y la necesaria complementación que debe existir entre ambas, por lo que las autoridades y el Ministerio de Educación (Minedu) deben velar por el buen desarrollo de la educación privada y pública. Este sentido de complementariedad debe manifestarse en un apoyo y fomento de la inversión privada formal en educación y esto no ha ocurrido con la publicación del Decreto de Urgencia (DU) 002-2020, que si bien tiene un fin importante, que es acabar con la informalidad en el sector, está desincentivando la inversión privada formal que hace grandes esfuerzos por mejorar el sistema educativo.
Ahora el Minedu tiene la oportunidad, a partir del reglamento del DU, de minimizar las barreras a la inversión formal en educación y más bien fomentarla, reduciendo trabas a la apertura de nuevos centros educativos de calidad y apoyando buenas iniciativas. También podría permitir las innovaciones curriculares en centros educativos privados que sean reconocidos por el Minedu como centros de excelencia. De modo que, una vez validadas, estas puedan pasar al sector público para mejorar la calidad educativa.
Esperemos que el ministerio no desaproveche esta gran oportunidad de hacer sinergias con el sector privado.
