Jorge Morelli
Expreso, 31 de julio de 2016
El narcotráfico es la raíz de los dos problemas más urgentes y apremiantes para el pueblo peruano: la inseguridad y la corrupción. El narcotráfico corrompe funcionarios, policías, fiscales, jueces, y canjea droga por armas que van a manos de la delincuencia organizada.
Pero el tema no mereció una línea en el mensaje presidencial. El énfasis estuvo en la economía que, sin embargo, tiene un rumbo trazado. Es en el primer piso del edificio, no obstante, sobre el que descansa la economía, donde está la falla. ¿Quién invertiría masivamente en un país que no controla su territorio?
Al respecto, la página web defensa.com ha publicado el pasado 7 de julio una información que pondrá a prueba la política del gobierno que se inicia sobre todo el tema.
Hoy una vez más es cotidiana la violación de nuestra soberanía aérea por aeronaves que vienen de Bolivia y de Brasil a recoger droga. Los expertos reconocen hoy casi unánimemente que la única política que ha funcionado realmente contra el narcotráfico es la interceptación de esas narcoavionetas. A mediados de la década de los 90, esta permitió reducir a menos de la tercera parte el área sembrada de coca en el Perú. El secreto del éxito fue basarse en la ley de la oferta y la demanda. La interceptación redujo la demanda al disminuir radicalmente el número de vuelos. Al caer la demanda y permanecer la oferta constante, el precio se derrumbó y los cocaleros se pasaron a otros cultivos. Las estadísticas las conocen todos, pero son sistemáticamente escamoteadas.
La política de interceptación, sin embargo, se interrumpió quince años atras, a raíz del derribamiento por error, durante el gobierno de Alejandro Toledo, de la avioneta de un misionero religioso norteamericano y su familia. A raíz de esto, el Congreso norteamericano aprobó una ley que prohíbe “proporcionar asistencia, inteligencia o apoyo a la interdicción letal aérea” en otros países.
Quince años después, el área sembrada se ha duplicado y el Perú es el primer productor de cocaína del mundo. Ante la brutal recaída, cinco años atrás el almirante y congresista Carlos Tubino presentó un proyecto de ley para retomar la política de interceptación. El 29 de agosto de 2015, el Congreso del Perú aprobó la Ley 30339, de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional. La norma contiene un protocolo detallado para la intervención, de manera de evitar todo peligro de error, que consiste en una serie detallada de preavisos, incluyendo órdenes visuales de aterrizaje antes de una advertencia adicional con disparos al aire.
La página web defensa.com informa al respecto que el Perú adquirió de Corea 20 aviones KT-1P ‘Torito’, coproducidos por Korean Aircraft Industries y la FAP en una planta en Las Palmas. Actualmente, la FAP contaría ya con 14 ‘Toritos’ en la base aérea de Pisco.
No obstante, la ley es ignorada y la política de interceptación no se aplica.
Según información extraoficial a la que esa publicación dice haber tenido acceso, el gobierno de EEUU estaría “retrasando la entrega del sistema de cabina digital Cockpit 4000, incluida la computadora de ataque y la de los equipos de navegación táctica TACAN RT-1634(V), de fabricación norteamericana, destinados a los últimos cuatro KT-1P ‘Torito’. No es eso todo. Añade que “aparentemente, la medida –notificada por KAI a la Fuerza Aérea del Perú a principios de mayo– implica un bloqueo a la expedición de las respectivas licencias de exportación” a otros países del área de los aviones coreanos fabricados en el Perú.
Según la publicación, la razón sería la disconformidad del gobierno americano “con la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional (Ley 30339), aprobada el 29 de agosto de 2015, que permite a la Fuerza Aérea del Perú interceptar y derribar, de ser el caso, a las aeronaves dedicadas al Tráfico Ilícito de Drogas (TID)”. La situación habría generado ya un retraso al programa de fabricación de los aviones.
Independientemente de quién gane las elecciones norteamericanas en noviembre, entonces, el gobierno de PPK va a tener que negociar con Washington el cambio de su política antidroga para que el Perú pueda ejecutar la suya. Esto va a poner a prueba al gobierno de PPK en una decisión política crucial para atacar la corrupción y la inseguridad en el Perú.
Pero sobre esto no hubo en el Mensaje ni una sola palabra.
Lampadia
