Jimena Sologuren
El Comercio, 20 de noviembre del 2025
Tras más de una década de ampliaciones y falta de control, el Reinfo se ha convertido en un escudo para actividades ilegales que destruyen el territorio y desalientan la inversión. Ordenar el sistema y excluir a quienes encubren la ilegalidad es clave para proteger a los pequeños mineros que sí buscan formalizarse.
Han pasado ocho años desde que nació el Reinfo y cinco más del Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso. En total, trece años desde que los mineros artesanales cuentan con una ruta extraordinaria para formalizarse, además de la vía ordinaria vigente desde 2002. ¿Qué ha pasado desde entonces? Muy poco.
Estas herramientas nacieron para acompañar a los pequeños mineros hacia la formalidad, pero sus sucesivas ampliaciones permitieron el ingreso de actores sin intención real de cumplir la ley, debilitando la autoridad del Estado y desvirtuando el proceso. La falta de verificación agravó el problema: hoy existen Reinfos vigentes en cuerpos de agua, áreas naturales protegidas, concesiones en operación y zonas de proyectos esperando aprobación. En la práctica, el Estado termina avalando actividades que contaminan, destruyen e invaden.
Urge que el Gobierno excluya del Reinfo a quienes encubren la ilegalidad. No es una medida contra la formalización, sino a favor de ella; implica cumplir la ley y permitir que los mineros que operan en zonas permitidas puedan formalizarse sin más demoras.
El 70% de las concesiones invadidas por minería ilegal pertenece a pequeños productores que sí buscan formalizarse. Dieciocho áreas naturales protegidas registran actividad ilegal, y los distritos con presencia de minería ilegal registran tasas de homicidio hasta diez veces mayores al promedio nacional. Incluso varios de los 67 proyectos mineros en cartera están invadidos. ¿Quién querría invertir en estas condiciones?
Si queremos promover inversión y empleo, el Minem debe actuar con decisión. No podemos permitir la destrucción de áreas protegidas ni la invasión de operaciones legítimas. El contexto económico lo exige: este año, el Perú proyecta exportaciones mineras por más de US$ 60.000 millones, mientras hasta US$ 10.000 millones en exportaciones de oro provendrían de la informalidad, sin generar impuestos ni desarrollo local. Además, la minería ilegal habría lavado US$ 22.800 millones en la última década, mediante miles de operaciones vinculadas al comercio de oro.
Por ello, las exclusiones del Reinfo deben formar parte de una estrategia integral: presencia estatal efectiva en zonas críticas, mecanismos de formalización que funcionen y mensajes claros que diferencien a quienes cumplen de quienes depredan el territorio. El país no puede seguir atrapado entre la ilegalidad y la débil protección de la propiedad que desalienta la inversión y afecta a comunidades enteras.
Proteger el Estado de derecho no solo resguarda inversiones, también ampara a miles de peruanos que trabajan dentro de las reglas. Recuperar la confianza requiere decisiones firmes que ordenen el territorio y respalden a los pequeños productores que apuestan por la formalidad.
Las exclusiones del Reinfo pueden ser el inicio de ese camino, siempre que estén acompañadas de un compromiso sostenido del Estado, las empresas y la sociedad para cerrar espacios a la ilegalidad y proteger a quienes construyen el Perú desde la minería responsable. ¿A quién queremos engañar? No podemos seguir prorrogando, ampliando y tolerando lo intolerable.
