Janice Seinfield
El Comercio, 10 de junio del 2025
“Muchas veces no sobrevives la enfermedad por falta de acceso, habiendo podido ser diagnosticado oportunamente y tratado”.
El jueves 29 de mayo tuve la oportunidad de participar en la primera edición de CADE Salud 2025, un encuentro que reunió a más de 400 líderes de los sectores público y privado, academia y sociedad civil bajo el lema “La salud sí tiene remedio”. En mi intervención, presenté los resultados de un estudio elaborado por Videnza en el que identificamos que 760 distritos no cuentan con acceso local a un centro de salud con capacidad diagnóstica. Esto equivale al 40% de los distritos del país.
Por capacidad diagnóstica entendemos la tecnología y los procedimientos con los que cuenta un establecimiento para identificar y determinar con precisión la naturaleza de la enfermedad. No tener un diagnóstico oportuno es sinónimo de enfermedad avanzada, mayores costos de tratamiento y peores resultados clínicos.
Nuestro aporte fue estimar la distancia y el tiempo que las personas que viven en estos distritos sin capacidad diagnóstica se demoran en llegar a un establecimiento que sí la tiene. Utilizamos herramientas de Google para estimar el tiempo real en carretera (y no únicamente la distancia geodésica, en línea recta). Concluimos que, en promedio, deben viajar 50 minutos. En 85 distritos el tiempo es de 90 minutos, pero hay otros casos, como el de Carhuapampa, en Áncash, donde las personas se demoran tres horas para acceder a un establecimiento con capacidad diagnóstica, porque este se ubica en Lima, lo que trae complicaciones adicionales para la atención por ser el paciente de otra región.
Este tiempo de tres horas considera solo transporte. No incluye el tiempo de espera previo a enrumbar al destino ni cuántas veces al día se dispone de transporte en la localidad. Imaginémonos lo que esto implica: una mujer embarazada que debe realizar ecografías o dosajes rutinarios debe viajar tres horas de ida, dormir fuera de su casa y regresar al día siguiente, pues el transporte público a esa localidad pasa solo una vez al día. Una persona con sospecha de cáncer, lo mismo. Diabetes, hipertensión, lo mismo. Muchas veces no sobrevives la enfermedad por falta de acceso, habiendo podido ser diagnosticado oportunamente y tratado en el primer nivel de atención.
En mi intervención, me sumé a las voces que destacaron la urgencia de consolidar un financiamiento sostenible enfocado no solo en infraestructura, sino en garantizar cobertura de prestaciones efectivas. Lo anterior demanda una articulación coordinada entre el Seguro Integral de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, además de apelar a modelos mixtos público-privados como las asociaciones público-privadas para mejorar la atención.
Participé en la mesa sobre supervisión y regulación efectiva para mejorar la calidad y el acceso a los distintos servicios de salud, que incluía a SuSalud, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas y la Presidencia del Consejo de Ministros. Soy una convencida de la necesidad de mirar a la supervisión y regulación en el sector como herramientas para disminuir desigualdades, mejorar la calidad de los servicios y salvar vidas, y no solamente como funciones administrativas.
En esa línea, subrayé la relevancia de fortalecer el primer nivel de atención y acelerar la adopción de diagnóstico oportuno haciendo uso de tecnologías como la teleconsulta diagnóstica y la inteligencia artificial para cerrar brechas de acceso y eficiencia. Ello requiere de normativa moderna adaptada a estos retos. Esta no es una época de cambios; lo que vivimos es un cambio de época y las normas sectoriales y la supervisión deben estar a la altura de las circunstancias.
Espacios como CADE Salud 2025 son fundamentales para debatir y buscar soluciones conjuntas entre los distintos actores del sistema de salud, un sector que necesita de colaboración y continuidad para salir adelante. Porque un país cuya población no está saludable es un país que no progresa.
