Janice Seinfeld
El Comercio, 26 de noviembre del 2024
“El crecimiento de la minería ilegal y de la violencia asociada a ella debe ser asumido por el Gobierno”.
Mientras desde el Congreso se continúa discutiendo si se abre nuevamente o se amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que desde hace años permite que mineros ilegales operen impunemente y no contribuye a formalizar a los mineros artesanales, el Ejecutivo finalmente presentó al Congreso el proyecto de ley de la pequeña minería y de la minería artesanal, conocida como ley MAPE. Como lo han precisado desde el propio Ministerio de Energía y Minas (Minem), esta ley busca regular y formalizar las actividades mineras de pequeña escala y artesanales respetando las normas ambientales, la seguridad y la salud de las personas. No combatirá la minería ilegal, porque eso les compete a la policía y la fiscalía.
Recientemente, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú encargó a Videnza un estudio para mapear todo el proceso que sigue un minero informal desde que se inscribe en el Reinfo hasta que culmina el proceso. Aunque este registro se actualiza cada seis horas en la página web del Minem y no guarda datos históricos, desde Videnza pudimos estimar que entre el 2017 y el 2024, de alrededor de 90.000 inscritos, no más de 2.089 lograron formalizarse. Es decir, el 2,3%. Claramente estamos frente a una herramienta que ha probado no funcionar y cuyo carácter excepcional se desvirtuó dadas las sucesivas ampliaciones.
Nuestro estudio identificó como uno de los principales problemas del Reinfo la deficiente rectoría y liderazgo del proceso. Y es que, cuando se creó en el 2017, la conducción del proceso de formalización se delegó del Minem a cada gobierno regional. Esto, que era funcionalmente inviable, fue aprovechado por los mineros ilegales para inscribirse y operar impunemente.
Otros problemas del Reinfo son la ausencia de fiscalización y de trazabilidad en el proceso de formalización, el contexto vinculado con la actividad delictiva (minería ilegal), la inadecuada caracterización del usuario del proceso y la inexistencia de filtros (no se separa a los mineros ilegales), y los limitados beneficios de la formalización.
Veamos un ejemplo de absurdos durante el proceso de formalización vigente. Cuando el minero que se identifica como informal se inscribe en el Reinfo, el primer paso es llenar una declaración jurada donde precisa las coordenadas del lugar de donde extrae el mineral. Revisando información que publica el propio Minem, se identificó que muchas de esas coordenadas corresponden a áreas naturales protegidas, zonas donde hay restos arqueológicos, concesiones mineras entregadas formalmente por el Estado a un inversionista privado, incluso zonas en el mar y en Brasil. Es decir, áreas expresamente prohibidas por la ley peruana para extraer mineral. Lo lógico sería que se realice este cruce de información, que automáticamente queden excluidos de continuar con el proceso aquellos mineros que están operando fuera de la ley y se dé aviso a la policía y la fiscalía para que intervengan. Pero, como esto no sucede, los ilegales se inscriben y operan impunemente.
Es fundamental apoyar el proceso de formalización de los mineros artesanales. Que no sea el proceso interminable de hoy y que, una vez culminado, les reporte beneficios. Paralelamente, urge combatir la minería ilegal, la principal economía criminal de nuestro país. Según un informe publicado por este Diario, movió más de US$10.400 millones entre el 2012 y el 2024, mucho más dinero que la corrupción y el narcotráfico. Además, impacta directamente en la inseguridad ciudadana, el principal problema del país hoy, a través de todos los delitos que tiene conexos: extorsión, trata de personas, lavado de activos, sicariato, trabajo forzoso, etc.
El crecimiento de la minería ilegal y de la violencia asociada a ella debe ser asumido por el Gobierno Central. Y el Congreso, en lugar de seguir evaluando si amplía el Reinfo, debería dedicar lo poco que queda de la presente legislatura a debatir el citado proyecto de ley. El país no puede esperar más.
