Por: Jaime Pinto
Gestión, 15 de enero del 2024
El Gobierno debe emitir un decreto de urgencia (que se justifica plenamente por la crisis de la empresa) nombrando un equipo de tres ministros y ordenando la intervención de la petrolera por 180 días.
No sabemos cuál fue el resultado de la reunión del Consejo de Ministros del lunes pasado en la que supuestamente se iba a analizar la situación (diría el pedido urgente) del directorio de la empresa estatal Petroperú para que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), le vuelva a lanzar un salvataje.
Se ha especulado mucho sobre cuáles serían los términos de ese salvataje: desde darle nuevo dinero por alrededor de US$ 2,000, capitalizar el crédito que le fuera concedido por el Decreto de Urgencia N° 010-2022 por S/ 2,953 millones, que el MEF extienda garantías a sus operaciones de comercio exterior (es decir, las importaciones que efectúa Petroperú para poder tener producto que refinar) hasta por US$ 1,000 ya que nadie le da crédito a esta empresa quebrada y sin esas importaciones no puede seguir funcionando, etc. Todo esto en un contexto en que la empresa ha perdido alrededor de US$ 400 millones de dólares durante el 2022 y su deuda total alcanza alrededor de US$ 6,000 millones, incluyendo la deuda de corto y largo plazo.
Ninguna de estas medidas va a resolver el tema central de la empresa: Petroperú está quebrada y debe dejar de operar en lo inmediato. El Estado tiene un sinnúmero de otras prioridades (infraestructura educativa, postas médicas, seguridad ciudadana, equipamiento y modernización policial, mantenimiento de infraestructura, etc., todas ellas básicas y urgentes) como para seguir malgastando recursos públicos en un “barril sin fondo” simplemente por darle el gusto a unos pocos ideólogos que siguen creyendo en esa idea trasnochada de “empresas estratégicas”.
La crisis de Petroperú no es reciente; yo diría que en realidad comienza hacia finales del Gobierno de Alejandro Toledo (2006) cuando mediante una ley del Congreso se le excluyó del control del FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), una especie de “holding” de todas la empresas que aún permanecen en poder del Estado. Mediante esa ley se le liberó del control que ejerce el FONAFE y dejó todo en manos de su directorio. Y, ¿cuál fue el fundamento para excluirla del FONAFE? Pues que tenía que hacer unas inversiones para descontaminar el medio ambiente (algo llamado “desulfuración”), acatando legislación que se aplicó también a su competidor, refinería La Pampilla, administrada y operada por Repsol desde los 90.
La Pampilla cumplió con dicho programa, ejecutando inversiones por alrededor de US$ 700 millones. El programa para alcanzar el mismo objetivo en Petroperú en el 2007 se estimó en US$ 1,300 millones dada la antigüedad de la refinería. Pues hoy la construcción de una “nueva” refinería ha costado US$ 6,000, según diversos estimados. Talara puede producir 95,000 barriles de petróleo diario (bpd), pero el país no produce ni 40,000 bpd. El déficit se importa. Queda claro que el MEF no debe aceptar ninguna de las propuestas planteadas por el directorio y sorprendentemente avaladas por el Ministro de Energía y Minas en una carta al presidente del directorio de la propia empresa. Bueno, ¿qué hacer?
El Gobierno debe emitir un decreto de urgencia (que se justifica plenamente por la crisis de la empresa) nombrando un equipo de tres ministros y ordenando la intervención de la petrolera por 180 días. En ese periodo se deberá evaluar la situación de los trabajadores de la empresa, con la finalidad de buscar mecanismos para que voluntariamente acepten programas de retiro. Además, se deberá ver la situación de la deuda de corto plazo, con el objetivo de no perjudicar a los proveedores, ante la paralización de las operaciones de la refinería.
En simultáneo, esta comisión de ministros deberá convocar a un concurso internacional para que un banco de inversión de prestigio asesore al Gobierno en la búsqueda de algún operador internacional que pueda asumir la administración y operación de la refinería, bajo su cuenta y riesgo. Dado que se trata de una refinería nueva, el mecanismo por el que se administra la empresa deberá generar una compensación al Estado (dueño de Petroperú), y además el operador deberá asumir la deuda a largo plazo. Mi propuesta es un esbozo, que desde luego puede y debe ser mejorada, pero es algo. Lo que no podemos hacer es poner un dólar más en Petroperú.
