Por: Jaime Pinto
El Comercio, 24 de enero del 2024
“Es hora de detener este dispendio de recursos públicos”.
En octubre del 2022, el entonces presidente Pedro Castillo y su ministro de Economía, Kurt Burneo, firmaron el Decreto de Urgencia 023-2022 mediante el que Petro-Perú fue beneficiada con un salvataje extraordinario consistente en un aporte de capital de S/4′000.000 y garantías por US$500 millones para que pueda importar combustible para vender en el norte del país y la selva, su mercado tradicional. Ahora, su directorio solicita un nuevo salvataje por alrededor de US$2.550 millones, a través de una combinación de recursos frescos y nuevas garantías para poder continuar importando combustible, pues nadie le da crédito a una empresa quebrada.
Propongo la intervención de la empresa ordenada mediante un nuevo decreto de urgencia (que tiene rango de ley), firmado por la presidenta Dina Boluarte y su ministro de Economía, Alex Contreras, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Este decreto debe disponer que, a través de su junta de accionistas, se creen tres empresas: (a) una que tenga como único activo la nueva refinería y sus respectivos pasivos, principalmente los bonos emitidos por Petro-Perú (US$3.000 millones); la deuda con Cesce (US$1.056 millones); y los préstamos bancarios sin garantía (US$935 millones), todas vinculadas a la construcción y equipamiento de la nueva refinería de Talara; (b) una segunda empresa cuyo único activo sea el Oleoducto Norperuano, importante infraestructura que transporta el petróleo que se extrae de los diversos contratos de explotación en la selva norte; (c) una tercera empresa que tenga como activo la cadena de grifos que actualmente administra Petro-Perú y todo lo demás. El barril sin fondo, pues, lo constituye la nueva refinería de Talara.
Prioritario en la intervención de la empresa que propongo es el tratamiento de sus trabajadores. El decreto debe asignar un fondo que sirva para financiar la liquidación voluntaria de aquellos que deseen acogerse, pues no tienen por qué ser perjudicados por la irresponsabilidad de quienes alimentaron la idea de esta empresa estratégica. Es hora de detener este dispendio de recursos.
Durante el período de intervención, el Gobierno debe seleccionar una empresa internacional de experiencia y prestigio en el sector hidrocarburos para asesorarse en opciones a fin de otorgar la nueva refinería a algún operador que asuma su administración, a cuenta y riesgo del operador. Mientras el ingreso de un nuevo operador se materializa, el mercado de hidrocarburos será atendido por la refinería La Pampilla y por lo menos dos empresas que hoy comercializan combustibles que importan directamente. Es decir, estas empresas competirán por atender estos mercados.
Así, podremos terminar de cortar el cordón umbilical que ha unido durante años el Tesoro Público con Petro-Perú. ¡Llegó la hora de las decisiones!
