Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 19 de octubre de 2018
Luego del retorno a la sensatez judicial con la revocación de la detención preliminar a Keiko Fujimori y 19 fujimoristas más, es hora de volver a los temas mismos, a las reformas, empezar a reconstruir una democracia cuya apreciación en la opinión pública ya venía muy disminuida antes del puntillazo final que significaba convertir a los principales partidos políticos en organizaciones criminales, para no hablar de la fuga del corrupto Hinostroza.
Lo primero es retirar el uso del tipo penal de organización criminal contra los partidos, que es un arma “legal” para exterminarlos de la que Montesinos o cualquier dictador hubiese estado encantado de disponer. Una aberración que se presta al abuso cuando la justicia se convierte en justicia plebiscitaria, algo a lo que también hizo referencia la sentencia de la Sala de Apelaciones al citar al jurista Ferrajoli: “…las funciones y las instituciones de garantía son antimayoritarias: […] su fuente de legitimación no es la contingente voluntad popular, sino la voluntad popular que se expresa en la ley”.
Esa justicia plebiscitaria ha sido, en alguna medida, una emanación del agudo antifujimorismo existente, que tiene que moderarse. Ayudaría mucho, sin embargo, que Fuerza Popular hiciera ahora un mea culpa por los excesos cometidos por su bancada. Que aprovechara el duro trance vivido para un nuevo comienzo, que incluya todo aquello que debió hacer desde un principio: proponer una reforma política e institucional para implantar una institucionalidad republicana que afirme precisamente el imperio de la ley en todo sentido. De lo contrario, FP no tendrá remedio.
Porque, si bien la reforma constitucional y legal del sistema de justicia es una gran noticia si y solo si se la impulsa con determinación (que es lo que hay que asegurar), la reforma política que resulte del referéndum, luego que el presidente pidiera votar por el No a la bicameralidad, nos lleva al peor de los mundos: sin bicameralidad y sin reelección de congresistas. Se resolvería si el presidente vuelve a recomendar la bicameralidad a cambio de un acuerdo para rectificar la cuestión de confianza. Pero dudo que sean capaces.
De lo contrario, solo quedaría concentrarse en consolidar un cambio importante que se ha producido en las últimas elecciones subnacionales: se ha revertido la tendencia a la creciente fragmentación política, pues por primera vez desde los 90 ha crecido el número de alcaldes provinciales pertenecientes a partidos políticos (pasó de un exiguo 23% a un 43%) y ha decrecido el porcentaje de alcaldes de movimientos regionales (bajó de un 77% a un 57%).
Pero tampoco tiene sentido recuperar presencia partidaria en las provincias si los partidos son 23 y la mayor parte falsos, puros cascarones. El alcalde debe pertenecer a un partido que esté en el Congreso, para que los canales verticales funcionen e integren al país. Necesitamos entonces reglas que permitan reducir apreciablemente el número de partidos y darles realidad interna. Por ejemplo, eliminar el voto preferencial, subir la valla para las alianzas, bajar la barrera para la entrada pero subirla para la permanencia, democracia interna, etc.
Concentrémonos en los temas fundamentales.
