Por Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 23 de marzo de 2018
Todos los que quieren pescar a río revuelto piden adelanto de elecciones. Ya están saboteando al gobierno de Vizcarra antes de que nazca. Pero Vizcarra no va a renunciar, entre otras cosas porque las perspectivas de su gobierno son mucho mejores que las de PPK. Para comenzar, Fuerza Popular ya no tiene mayoría absoluta ni el gobierno buscará dividirla, como intentó y logró PPK, volviéndola agresiva. Será, por eso, más constructiva y menos populista (esperemos). No hay animadversión de Keiko Fujimori hacia él.
Vizcarra es ingeniero, y podrá impulsar una mística de la reconstrucción y de la obra pública, en el campo. Convocando a la sociedad civil. Pero necesita reforzar Pro Inversión y el nuevo Invierte.pe, elaborar por fin un plan nacional de infraestructura para que las obras no salgan de acuerdos colusorios, sino de prioridades reales, y sobre esa base lanzar una masiva campaña de transparencia y denuncias contra la corrupción en la obra pública y los servicios. Movilizando a la ciudadanía.
También puede llevar las tecnologías de Sierra Productiva a todas las familias campesinas, sacándolas de la pobreza en tres años. Eso le daría gran aliento popular y facilitaría la gran inversión minera, con la que Vizcarra tiene predicamento.
Debe afirmarse en la profundización de lo que el gobierno venía haciendo relativamente bien: la reforma de la gestión del agua potable en las ciudades; la simplificación administrativa, el análisis regulatorio y la digitalización, lo que debería ir de la mano con un reimpulso a la Ley del Servicio Civil: la meritocracia en el Estado debería ser su lema. También la estrategia contra el crimen organizado y por la seguridad ciudadana, donde ha habido avances. Y en algo en lo que él mismo tiene logros: el mejoramiento de la educación.
Pero necesita llegar a acuerdos con el Congreso para sacar estos y otros temas de la competencia demagógica: parar la ley que pretende pasar los 500 mil CAS a la 728, que da estabilidad absoluta sin meritocracia alguna, la muerte de toda esperanza de reforma del Estado. Y retirar la ley que pretende bajar la valla para el ingreso a la carrera magisterial, por ejemplo.
Necesita concertar una agenda de reformas con el Congreso, tal como lo dispone el art. 29 del reglamento. Los grandes temas serían, a mi juicio: la meritocracia a todo nivel en el Estado; la formalización de la economía y el trabajo (que incluye la simplificación de los regímenes tributarios en uno solo digitalizado, la reforma laboral y la incorporación de los mineros informales); la reforma del sistema de pensiones y de salud, y la gran reforma de la seguridad y la justicia. El Congreso, por su parte, tiene la tarea de sacar adelante una reforma política que, entre otras cosas, diseñe un sistema de reglas que prevenga conflictos entre poderes como el que hemos tenido. Es decir, que facilite la formación de mayorías gubernamentales.
Si pudiéramos hacer todo eso medianamente bien, el Perú llegará con otra cara al bicentenario. Será otro país. Ya hemos desperdiciado demasiado tiempo y oportunidades.
