Jaime de Althaus
La gran discusión ahora es si el presidente Vizcarra debe o no ser vacado. Las razones que se esgrimen para vacarlo son dos. Una de carácter moral: por dignidad y vergüenza ciudadana los peruanos no toleran mantener como presidente a una persona que presuntamente habría recibido sobornos millonarios. Es moralmente insoportable. Es verdad, pero la debilidad de este argumento es que si bien los testimonios son detallados y concurrentes, aun hacen falta las pruebas. Es decir, no reconoce la presunción de inocencia ni el derecho al debido proceso, algo que, sin embargo, es una debilidad de la institución misma de la vacancia por incapacidad moral, y por eso debe ser reformada.
La segunda razón es que Vizcarra ha demostrado ser un hombre avezado y por lo tanto podría usar su poder presidencial tanto para obstaculizar la justicia amenazando a testigos o desapareciendo pruebas, como para intervenir en las elecciones de alguna manera, favoreciendo o desfavoreciendo a determinados candidatos.
Que es avezado no cabe ya la menor duda. Queda claro que pudiendo concertar con Fuerza Popular optó por la confrontación para llegar al extremo de disolver el Congreso. Acaso sabiéndose culpable, usó la táctica de que la mejor defensa es el ataque. Según diversas versiones, jugó en pared con los fiscales para eliminar rivales políticos. Ahora se defiende de las denuncias con respuestas políticas (cínicas), acusando a empresas corruptas o a grupos de poder de atacarlo para anular “su” lucha contra la corrupción, y negando reuniones que sí ocurrieron
De hecho, ya está dilatando las investigaciones aprovechando el entrampamiento generado por la Fiscal de la Nación al trasladar el caso al sistema anticorrupción. Ese entrampamiento sin duda le favorece, y el hecho de que no se resuelva, junto a su renuencia a declarar, abonan a favor de la vacancia.
Las razones para no vacarlo son básicamente tres. Una, la más importante, es que precisamente no se puede sancionar a nadie sin debido proceso. Es lo civilizado en un Estado de Derecho. Y por eso es correcto que el tema recaiga en el Ministerio Público, para que lo investigue. Pero justamente el imputado debe facilitar la investigación. Si usa su poder para obstruirla, esta razón se cae.
La segunda es de orden pragmático: no acentuar la inestabilidad política y no afectar la continuidad gubernamental en la lucha contra la pandemia y la recesión, faltando además tan pocos meses para las elecciones. Sobre todo si lo que tendremos será un gobierno del Congreso que ya no tendría contrapeso alguno parta ametrallar al país con leyes populistas y clientelistas. Hubiera sido más fácil si el Congreso no hubiese aceptado renuncia de Mercedes Araoz, que habría asegurado continuidad y seriedad económica.
Salvo que Merino prometiese un ministro de Economía que diera garantías. Si así fuera y el Presidente siguiera rehuyéndose a la justicia, la vacancia sería una opción posible. Pero dos vacancias presidenciales en un solo periodo gubernamental hablan de un país casi africano. Quizá el 78% que está en desacuerdo defina las cosas.
La solución a este impasse debería ser el nombramiento de un Primer Ministro de consenso y empoderado, pero la propia confrontación y la precariedad política de los actores la convierten en un sueño.
