Fernando Cillóniz es un líder político diferente, es intolerante a los actos indebidos y señala sin temor a los responsables. Cuando fue elegido gobernador de Ica se le acercaron congresistas para pedirle empleo para sus allegados y él les respondió que al gobierno regional solo se ingresa por concurso. Empezaron a denostarlo. Cuando buscó las razones de las colas de amanecida en los hospitales de Ica, descubrió que muchos médicos se escapaban a sus consultorios a media mañana. Despidió a cerca de 30 y tanto el Colegio Médico como algunos legisladores salieron en defensa de los corruptos y pidieron el cese del director de Salud. Al coro de denuestos se sumaron periodistas chantajistas. Y cuando destituyó a ocho integrantes de la mafia que vendía brevetes en la Dirección Regional de Transportes y denegó a un congresista el duplicado para un brevete falso de su hija, las imprecaciones subieron de tono. “Uno asume que los padres de la patria deben estar del lado de la ley, pero es todo lo contrario. Es lo impensado”, me dijo.
Pero lo verdaderamente impensado –y pérfido– fue que Keiko Fujimori se sumara al contraataque de los expulsados para acusar a Cillóniz de corrupción en un mitin de lanzamiento de candidatos en Ica. En lugar de felicitar al gobernador por su lucha valiente, se hizo eco de los intereses podridos afectados por su gestión. Un ataque nefasto, porque fustiga y difama al honesto, desalentando a toda persona honrada que quiera ingresar a la política.
Quizá tenga, sin embargo, el efecto –también impensado – de convertir a Cillóniz en una figura nacional. Tiene todas las condiciones para ser un buen presidente de la República. Keiko no puede alegar que no sabía de las luchas de Cillóniz. En una entrevista que le hiciera en este Diario semanas atrás, él había descrito las distintas prácticas ilegales que venía extirpando, una verdadera tipología de la corrupción que debería inspirar el trabajo de la Secretaría de Integridad para lanzar campañas nacionales contra esos vicios. Cillóniz describió diversas corruptelas sectoriales en salud, educación, transportes y la policía, y también algunas de carácter transversal: funcionarios que doblan su sueldo con facturas falsas de consumo o que ingresaron al servicio público con certificados de estudios y de trabajo falsificados –una verdadera industria– y que boicotean la gestión pública.
Sería lamentable que el único esfuerzo serio de construcción partidaria de los últimos 20 años, Fuerza Popular, termine representando una alianza de intereses corruptos que medran a costa del Estado. Con tal de ganar estas elecciones, no tendría reparos en juntarse con cualquiera, consecuencia en parte de la ley aprobada por este mismo Congreso que prohíbe el aporte de las empresas formales a las campañas electorales, dejando así el campo libre a las mafias para que lancen candidatos ávidos de asaltar el botín presupuestal. Esa ley debe ser modificada para que la sociedad sana pueda participar en futuras contiendas electorales con posibilidades.
Y, como ha reclamado Pablo Bustamante, Keiko Fujimori debería rectificarse y ofrecer disculpas al gobernador de Ica.
Por Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 29 de junio de 2018
