Jaime de Althaus
El presidente Martín Vizcarra sorteó la crisis de la vacancia, pero no ha salido indemne y nuevas revelaciones seguirán punzándolo. Mientras tanto, el Congreso amenaza con insistir en la destructiva ley de devolución de fondos de la ONP y con aprobar otros proyectos peligrosos.
Es indispensable pacificar esas relaciones, encausar la producción legislativa y dejar la guerra para la lucha electoral. El Primer Ministro prometió “tender todos los puentes necesarios” y el presidente del Congreso, Manuel Merino, ha pedido una reunión con el presidente Vizcarra para abordar estrategias para combatir la crisis sanitaria y económica. El Presidente debe aceptarla para explorar la posibilidad de un gabinete conversado o, en su defecto, cuando menos acordar una agenda legislativa conjunta que permita aprobar leyes que ayuden efectivamente a la recuperación económica en lugar de socavarla, algo que hace tiempo debió plantearse y que es además una obligación establecida en el art. 29º de la ley del Congreso.
Para conseguir esa agenda conjunta hay que terminar de encender la luz que parpadeó en las dos últimas votaciones clave del Congreso: la que rechazó la censura a la ministra de Economía, y la que archivó la vacancia presidencial. En ambos casos, las bancadas responsables fueron las mismas: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Somos Perú y el partido Morado. Ese bloque tendría que consolidarse como defensor de la salud económica del país, abandonando la posición de furgón de cola de las bancadas populistas y radicales.
Y podría hacerlo optando por un populismo distinto, un populismo de las libertades económicas y del empoderamiento productivo de los sectores populares.
Aprobar leyes, por ejemplo, para eximir temporalmente a las pymes de cargas tributarias, laborales y municipales a fin de que puedan recuperarse y contratar personal; reorientar el presupuesto del Minagri, MIDIS y Arranca Perú hacia la instalación masiva de tecnologías de Sierra Productiva en las familias campesinas andinas para que puedan dar un salto de productividad y soportar y aprovechar la mayor presión de los retornantes; formar un fideicomiso ejecutivo con el canon no gastado por los gobiernos regionales, para cerrar brechas sociales y económicas en las regiones; facilitar la formalización de la minería informal; facilitar y promover la generalización de las billeteras electrónicas; reemplazar los distintos regímenes especiales tributarios y laborales por una sola escala gradual y progresiva en ambos casos, para facilitar el crecimiento de los emprendimientos; dar una legislación laboral inclusiva que permita contratar y formalizar, reduciendo el costo de la formalidad; crear un programa intensivo de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) de las normas en los principales sectores productivos, a fin de reducir carga regulatoria asfixiante. Por ejemplo.
Es decir, aprovechar la crisis para liberar las fuerzas productivas del país y levantar la productividad de los sectores rurales andinos. Para renovar el modelo y relanzar el crecimiento sobre bases más sólidas e inclusivas.
En lo inmediato, se requiere que el Ejecutivo y la sociedad civil desplieguen una estrategia fina e intensiva de persuasión a los congresistas de esas cinco bancadas que aun apoyan la ley ONP, para que no insistan en ella. Esa batalla es fundamental.
