Por Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 06 de abril de 2018
Parece que el gobierno de Martín Vizcarra está canjeando estabilidad por inmovilismo reformista. Al poner a dos ministros vinculados a la izquierda en las carteras sociales de Trabajo y Midis, busca mantener tranquila la calle, pero a costa no solo de no sacar adelante las necesarias reformas laborales, sino eventualmente de incrementar el peso y rigidez de la normatividad laboral.
Esto es algo que sin duda debe preocupar seriamente a ministros como el de Economía, David Tuesta, y el de Producción, Daniel Córdova, que siempre han sostenido la necesidad de darle más libertad a los mercados laborales a fin de que haya más inversión y empleo formal con derechos. Ambos han anunciado que su prioridad será recuperar la inversión privada y aumentar la productividad laboral, e imagino que deben estar preguntándose cómo lograrlo eficientemente con el ministro Christian Sánchez en el Gabinete.
Incluso para incrementar la recaudación –una de las preocupaciones del ministro Tuesta– se requiere reducir los enormes niveles de informalidad. El temor es que regresemos a las recetas clásicas de mayor presión sobre lo formal, dejando de lado lo poco que se inició para incorporar a los semiinformales como el régimen Mype tributario que apuntaría en el futuro a una unificación de los regímenes tributarios en uno solo con comprobantes electrónicos que le permitan a la Sunat hacerle la liquidación de impuestos a los pequeños.
Sería lamentable que el gobierno de Vizcarra renunciara a proponerse cambios importantes solo para no hacer olas. El país necesita modernizarse en una serie de aspectos y en cada caso siempre habrá resistencias. Para manejarlas se requiere de un acuerdo con las principales bancadas. Por supuesto, nadie más feliz que Fuerza Popular y otros partidos si no tienen que comprometerse con el Ejecutivo en una agenda de reformas. Es la complicidad en la inacción. El acuerdo para no hacer nada.
Por eso es que tenemos que exigir que haya cuando menos una agenda legislativa concordada, tal como lo manda el artículo 29 del Reglamento del Congreso. Para eso ni siquiera se necesita voluntad política, sino solo cumplir la ley. ¿Dónde está el defensor del Pueblo que no lo exige?
La formalización de la economía y el trabajo, la meritocracia a todo nivel en el Estado aplicando el régimen de la Ley del Servicio Civil, la reforma del sistema de pensiones y de salud, y la gran reforma de la seguridad y la justicia, no pueden ser eludidas por comodidad política o flojera mental. No podemos relajar la exigencia para ingresar a la carrera magisterial ni eliminar el acompañamiento a los profesores, ni abandonar los avances que se han producido en Interior ni permitir que el Poder Judicial siga reponiendo policías cesados. No podemos seguir pasando los CAS a la 728, sino a la Ley Servir que da los mismos beneficios pero con meritocracia. No podemos seguir con una Corte Suprema de 48 miembros que es una tercera instancia. Y así sucesivamente.
¡Pensemos en el país también!
